Estados Unidos llevó el conflicto con Venezuela a un punto sin retorno al ejecutar una intervención militar a gran escala que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación nocturna de fuerzas especiales que el gobierno de Donald Trump presenta como un golpe decisivo contra el “narcorrégimen” de Caracas. El propio Trump confirmó que Maduro fue “capturado y sacado de Venezuela”, tras un ataque coordinado sobre Caracas y otras instalaciones militares y portuarias, y adelantó que el mandatario venezolano enfrentará procesos en tribunales estadounidenses.
De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, la llamada “Operación Resolución Absoluta” se preparó durante meses y se ejecutó en la madrugada del sábado 3 de enero, cuando comandos de élite de la Fuerza Delta irrumpieron en un complejo altamente protegido donde se refugiaba Maduro. La misión incluyó el despliegue de unas 150 aeronaves, drones de la CIA, apagones provocados en zonas de Caracas mediante acciones cibernéticas, la neutralización de defensas aéreas y la apertura de puertas blindadas con equipo especializado, en un operativo descrito como la acción más riesgosa de este tipo desde la muerte de Osama bin Laden.
Trump relató que dio la orden poco antes de las 22:46 horas (tiempo de Florida) y que, hacia las 03:29 de la madrugada, Maduro ya iba detenido rumbo a territorio controlado por Estados Unidos. Según las crónicas, el presidente venezolano fue reducido cuando intentaba huir hacia una habitación interna del complejo y luego trasladado, junto con Cilia Flores, en helicóptero y avión hasta el buque USS Iwo Jima en el Caribe, antes de ser llevado a una prisión federal en Nueva York, donde medios señalan que permanece bajo estricta custodia.
La operación dejó un saldo todavía no precisado de decenas de muertos entre militares venezolanos y personal de seguridad, y daños significativos en instalaciones portuarias y bases aéreas que ya habían sido blanco de ataques previos bajo el argumento de destruir infraestructuras del narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han calificado la captura como una “violación grave de la soberanía venezolana” y han advertido que sienta un precedente preocupante, al normalizar la idea de que un Estado pueda irrumpir militarmente en otro país para detener a su jefe de Estado, incluso si existe una acusación formal por narcotráfico en cortes extranjeras.
La reacción internacional ha sido inmediata y polarizada. Varios gobiernos aliados de Washington celebraron la caída de Maduro como el fin de una dictadura y el inicio de una posible transición democrática, mientras otros países de América Latina, Europa y organismos como la ONU han pedido contención y respeto al derecho internacional, subrayando que “ningún país está a salvo” si se legitima este tipo de intervenciones unilaterales. En México, por ejemplo, el Senado aprobó un punto de acuerdo para condenar la intervención militar en Venezuela, al considerar que viola principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
El futuro político y judicial de Maduro y de la propia administración Trump queda ahora en el centro del debate. Analistas señalan que el expresidente venezolano podría enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado ante cortes federales en Estados Unidos, mientras que en el plano diplomático se abre un escenario inédito de tensiones, posibles represalias y reacomodos regionales. Al mismo tiempo, especialistas advierten que la decisión de Washington abre una caja de Pandora: si la comunidad internacional no establece límites claros, la captura de Maduro podría convertirse en un precedente negativo que otros gobiernos invoquen mañana para justificar sus propias intervenciones armadas más allá de sus fronteras.
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