La crisis postelectoral en Honduras se agudizó luego de que la presidenta Xiomara Castro denunciara un “golpe electoral” y acusara una injerencia directa del presidente estadounidense Donald Trump en los comicios que darían la victoria al opositor Nasry “Tito” Asfura. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos negó cualquier participación indebida en el proceso y llamó a respetar los resultados oficiales que emitan las autoridades hondureñas.
Con más del 99% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene a Asfura, del Partido Nacional, al frente del conteo de votos, lo que ha provocado acusaciones de fraude por parte del candidato opositor Salvador Nasralla y de sectores afines al oficialismo de Libertad y Refundación (Libre). Castro sostiene que el sistema de transmisión de resultados presentó fallas “sospechosas” y que se ha montado una operación para arrebatarle el poder a su proyecto político mediante un “golpe electoral encubierto”.
En paralelo, el CNE hondureño aseguró que los problemas técnicos registrados en la noche electoral no comprometieron la integridad de los resultados, y defendió la validez del cómputo oficial al señalar que las inconsistencias fueron corregidas con base en las actas físicas. El organismo pidió a los partidos utilizar los canales legales de impugnación y afirmó que seguirá avanzando hacia la declaratoria oficial del ganador, pese a la presión en las calles y los señalamientos de parcialidad.
Desde Washington, el Departamento de Estado negó categóricamente que Estados Unidos haya intervenido para inclinar la balanza en favor de Asfura, en respuesta a las declaraciones de Castro y de su candidata oficialista, Rixi Moncada, quienes han señalado la influencia de Trump y de otros actores internacionales en el proceso. La representación estadounidense sostuvo que su postura es reconocer al gobierno que resulte de un proceso validado por las instituciones hondureñas y pidió evitar “narrativas infundadas” que agraven la polarización.
Mientras tanto, cientos de manifestantes han salido a las calles de Tegucigalpa y otras ciudades para protestar frente al CNE, exigir un recuento exhaustivo de votos y denunciar un supuesto fraude. Las movilizaciones, en su mayoría pacíficas, han incluido bloqueos, marchas y concentraciones que elevan la tensión política en un país con antecedentes de crisis institucionales y golpes de Estado recientes. Organismos internacionales y observadores electorales han llamado a mantener la calma, respetar el derecho a la protesta y canalizar las inconformidades por la vía jurídica.
La disputa por la narrativa —fraude vs. legitimidad— se da en un contexto de desconfianza histórica hacia las autoridades electorales y de fuerte influencia de factores externos, desde la migración y el narcotráfico hasta la relación con Estados Unidos. El desenlace de esta crisis definirá no solo quién gobernará Honduras en los próximos años, sino también el grado de estabilidad política y credibilidad institucional que el país logre preservar tras una de las elecciones más controvertidas de su historia reciente.
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