Estados Unidos ha iniciado la operación militar «Lanza del Sur», una ofensiva de gran escala contra organizaciones de narcotráfico consideradas “narcoterroristas” en el hemisferio occidental. El anuncio fue hecho por la administración Trump y confirmado por el Pentágono, que desplegó fuerzas navales y aéreas, unidades de élite y recursos tecnológicos avanzados para neutralizar y desmantelar redes criminales entre el Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica, con énfasis en corredores marítimos estratégicos y zonas de alta conflictividad.
El objetivo de “Lanza del Sur” es expulsar a los narcotraficantes y cortar el financiamiento de cárteles responsables de enviar grandes volúmenes de cocaína, fentanilo y metanfetaminas a territorio estadounidense y europeo. El operativo contempla patrullajes marítimos con portaaviones, fragatas, submarinos y aviones de reconocimiento, así como la colaboración directa con fuerzas especiales de países aliados en América Latina para interceptar cargamentos, destruir laboratorios y capturar a líderes criminales identificados como amenazas globales. El Departamento de Defensa estadounidense reporta ya los primeros choques con grupos armados en aguas del Caribe y próximas a Venezuela y Colombia.
Washington argumenta que las redes de narcotráfico han evolucionado hacia estructuras transnacionales de “narcoterrorismo” que también operan en blanqueo de capitales, tráfico de armas y corrupción institucional, socavando la seguridad de toda la región. Según los portavoces militares, la inteligencia compartida y la tecnología satelital permitirán cerrar el cerco, rastrear embarcaciones y responder de forma “rápida y contundente” ante amenazas emergentes. La operación también busca enviar un mensaje de disuasión a organizaciones que intenten diversificar rutas o refugiarse en países con menor presencia estatal.
La reacción en América Latina ha sido mixta. Gobiernos de Colombia, República Dominicana, Panamá y Honduras han respaldado la ofensiva, aunque insisten en la importancia de respetar la soberanía nacional y coordinar protocolos para evitar incidentes o daños colaterales a población civil. Por su parte, el gobierno de Venezuela denunció el despliegue como “una provocación militar y una injerencia imperialista”, sumando a la denuncia el apoyo de Rusia, que advirtió a Estados Unidos sobre las “implicaciones geopolíticas” de su movimiento militar.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales han pedido transparencia sobre las reglas de enfrentamiento y la protección de los derechos fundamentales, ante el riesgo de que la alta capacidad destructiva de las fuerzas estadounidenses cause afectaciones involuntarias o supere la legitimidad del derecho internacional. La Casa Blanca afirmó que la prioridad es la protección de poblaciones, pero reiteró que “la tolerancia cero” ante el narco será el eje de la política de seguridad hemisférica.
La operación “Lanza del Sur” abre una nueva fase en la lucha antidrogas regional, elevando la presión sobre gobiernos y grupos criminales y colocando a América Latina en el centro de la agenda militar y diplomática global. El alcance real y los resultados de la ofensiva, así como su impacto en la paz y el desarrollo, serán vigilados de cerca en los próximos meses tanto por aliados como por críticos internacionales.
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