Los puentes fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas, fueron reabiertos después de un cierre de dos días. Esta medida fue implementada por el Gobierno de Estados Unidos como respuesta al aumento del flujo migratorio. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) destacó la importancia de esta reapertura. La decisión se tomó tras las gestiones del Gobierno Federal mexicano y empresarios y legisladores estadounidenses, quienes argumentaron que el cierre era perjudicial para la economía de ambos países y violatorio del T-MEC.
Las pérdidas económicas durante el cierre alcanzaron aproximadamente 200 millones de dólares, estimadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El cierre afectó a dos de los seis sistemas ferroviarios entre México y Estados Unidos, lo que generó preocupaciones logísticas y económicas a nivel nacional e internacional. El Congresista republicano Tony Gonzalez resaltó el impacto nacional de esta medida en Estados Unidos, ya que los trenes transportaban mercancías a todo el país.
Mientras, miles de solicitantes de asilo aguardaban en la frontera para ser procesados, durmiendo al aire libre. Cerca de 10 mil vagones de Union Pacific, algunos conteniendo autopartes y vehículos terminados, estuvieron parados en ambos lados de la frontera.
Empresas automotrices como Ford y Toyota indicaron que los cierres no les afectarían inmediatamente, pero Stellantis expresó su preocupación por la posible interrupción en su cadena de suministro. El cierre también amenazaba la entrega de cereales y alimentos para animales, siendo México uno de los mercados más importantes para estas exportaciones. La alternativa de transportar mercancías por carretera resultaría logísticamente problemática, requiriendo hasta 2,800 camiones diarios para igualar el volumen de los trenes.
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