Una coalición de doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el presidente Donald Trump, buscando bloquear los aranceles impuestos recientemente por su administración. Los fiscales generales de estados como Oregón, Arizona, Nueva York y Minnesota argumentan que el presidente carece de autoridad para imponer unilateralmente estos aranceles sin la aprobación del Congreso.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, cuestiona la legalidad de los aranceles que incluyen un impuesto del 145% sobre productos chinos, del 25% sobre bienes procedentes de Canadá y México, y del 10% sobre importaciones globales. Además, se oponen a los planes para aumentar tarifas a productos de 46 países a partir del 9 de julio.
Los fiscales generales sostienen que estas medidas afectarán negativamente a sus estados, causando inflación y costos adicionales para los ciudadanos. Estudios respaldan que el 95% del impacto de tarifas anteriores recae sobre los consumidores estadounidenses. La demanda también alerta sobre las consecuencias económicas según la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional.
Esta acción legal sigue a una querella previa presentada por California, que también busca frenar las políticas arancelarias de la administración Trump. Los estados involucrados en la demanda actual incluyen Nevada, Colorado, Connecticut y Nueva York, entre otros.
La administración Trump defiende los aranceles como una herramienta necesaria para abordar emergencias nacionales, como el tráfico de drogas y los déficits comerciales. Sin embargo, expertos legales señalan que esta justificación podría ser vulnerable en los tribunales, y que la batalla legal podría prolongarse más allá del período de pausa de 90 días que Trump ha establecido para muchos de los aranceles.
Esta acción legal representa un esfuerzo coordinado por parte de varios estados para desafiar las políticas comerciales de la administración Trump y proteger a sus economías locales de los efectos adversos de los aranceles. Se espera que el caso avance en los tribunales en los próximos meses, con posibles implicaciones significativas para la política comercial de Estados Unidos.
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