El Gobierno de España aprobó dos reales decretos-ley para responder a la crisis de vivienda y ampliar la protección de hogares vulnerables frente a los desahucios. El paquete, conocido popularmente como “Decreto Maricarmen”, extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de desalojos para personas en situación de vulnerabilidad económica que no cuenten con una alternativa habitacional. Las medidas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene mayoría asegurada.
La iniciativa fue bautizada en referencia a María del Carmen Abascal, la mujer madrileña de 87 años desalojada de la casa donde vivía desde 1956. Su caso detonó protestas masivas en Madrid y una acampada en la Puerta del Sol, encabezada por organizaciones de inquilinos que exigieron frenar los desalojos, contener las rentas y limitar la especulación inmobiliaria. El Ejecutivo presentó las normas tras alcanzar un acuerdo entre sus socios de coalición, el PSOE y Sumar.
Protección frente a desalojos
El primer decreto amplía el llamado escudo antidesahucios hasta 2030. La medida no prohíbe todos los desalojos en España, sino que suspende los procedimientos cuando afecten a personas u hogares en situación de vulnerabilidad económica y no exista una solución habitacional alternativa. La extensión busca evitar que familias con bajos ingresos pierdan su vivienda sin contar con un lugar al que trasladarse.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostuvo que el objetivo es impedir que se repitan casos como el de Maricarmen. Sin embargo, la aplicación concreta dependerá de la acreditación de la vulnerabilidad y de las resoluciones judiciales correspondientes. El alcance definitivo también estará sujeto a la redacción final y a la ratificación parlamentaria de los decretos.
Cambios en alquiler temporal
El paquete regula los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que han crecido en ciudades con alta demanda de vivienda y que, según organizaciones de inquilinos, pueden utilizarse para evitar las protecciones de los contratos de residencia habitual. Los contratos temporales deberán justificar la causa de su carácter transitorio y tendrán una duración máxima de 12 meses.
Estos alquileres quedarán sujetos a varias garantías previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, incluidas limitaciones de fianzas, prohibición de trasladar ciertos honorarios al inquilino y controles de precios cuando sean aplicables. La medida busca reducir el uso fraudulento de contratos de corta duración para desplazar a arrendatarios o elevar rentas de manera recurrente.
El decreto también prevé una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Con ello, el Gobierno pretende ofrecer estabilidad a inquilinos que enfrenten renovaciones con incrementos abruptos de renta en un mercado presionado por la escasez de vivienda asequible.
Límites a compras especulativas
Una de las medidas más relevantes contempla restringir hasta el 31 de diciembre de 2028 determinadas compras de vivienda realizadas por fondos de inversión con fines especulativos. El Gobierno se refirió a estas compañías como “fondos buitre”, término utilizado para describir a inversores que adquieren activos inmobiliarios, en ocasiones en paquetes o por debajo del valor de mercado, con expectativas de rentabilidad rápida.
Las restricciones se aplicarán a operaciones identificadas como especulativas, aunque el Ejecutivo no detalló todavía todos los criterios ni las excepciones que definirán qué empresas o adquisiciones quedarán sujetas al veto. El propósito anunciado es impedir que la vivienda sea tratada únicamente como un activo financiero y orientar la inversión hacia el alquiler asequible.
El segundo decreto incorpora medidas sobre renovación automática de los contratos y ajustes fiscales destinados a favorecer el acceso a la vivienda. Entre ellas figuran bonificaciones para determinados propietarios e inquilinos y cambios en la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria para incentivar la oferta asequible.
Debate parlamentario pendiente
El Gobierno español presentó los decretos como una respuesta a una emergencia social, pero las medidas generan debate político y económico. Los defensores consideran que refuerzan el derecho a la vivienda y dan protección a quienes enfrentan precariedad. Los críticos advierten que una mayor intervención puede desincentivar la oferta de alquiler o generar incertidumbre entre propietarios.
La aprobación por el Consejo de Ministros no garantiza que el paquete entre plenamente en vigor. El Congreso deberá decidir si convalida los reales decretos, por lo que el futuro del “Decreto Maricarmen” dependerá de las negociaciones políticas y del respaldo parlamentario que logre el Gobierno en los próximos días.
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