La tensión diplomática entre Perú y México escaló un nuevo peldaño este jueves, luego de que el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en respuesta a las recientes declaraciones y acciones del gobierno mexicano en torno al conflicto bilateral y el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. La resolución fue aprobada por mayoría y representa un paso más en la crisis iniciada con la ruptura diplomática anunciada por Lima días atrás, argumentando una supuesta injerencia de México en los asuntos políticos internos de Perú.
La moción parlamentaria, avalada por 66 votos, acusa a Sheinbaum de realizar declaraciones “impertinentes” y promover, desde el gobierno de México, una política de intervención y respaldo a “actores desestabilizadores” en Perú. Legisladores peruanos afirmaron que la decisión responde a la necesidad de “defender la soberanía nacional” ante lo que califican como una postura hostil y poco respetuosa por parte del Ejecutivo mexicano. En el mismo documento, el Congreso solicitó al Ejecutivo de Dina Boluarte que restrinja el ingreso o cualquier actividad oficial de la mandataria mexicana en territorio peruano.
El gobierno de México reaccionó de inmediato, rechazando la decisión del Congreso peruano y tildando la declaración de “injustificada y carente de sustento”. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó, a través de un comunicado, que las expresiones y acciones del gobierno mexicano se enmarcan en la tradición humanista y de respeto al derecho internacional, negando cualquier injerencia en los procesos nacionales de Perú. La administración de Sheinbaum reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y el asilo político y lamentó la escalada de acusaciones y medidas diplomáticas.
Expertos internacionales subrayan que la declaración de persona non grata a un jefe de Estado es una medida inusualmente grave que, aunque de carácter simbólico y sin efectos automáticos en la relación bilateral, profundiza la ruptura y dificulta la eventual normalización del diálogo entre ambos gobiernos. El antecedente inmediato es la reciente tensión por el asilo otorgado a Betssy Chávez y la defensa pública de México a favor de figuras opositoras perseguidas por el régimen peruano, lo que ha crispado tanto la esfera política como la percepción pública en ambos países.
A pesar de la escalada, la representación mexicana mantendrá la operación consular y se confirmó que no se suspenderán las actividades de protección ni los servicios a ciudadanos mexicanos en Perú. Autoridades en Ciudad de México hicieron un nuevo llamado al diálogo diplomático, recalcando la importancia de restablecer el respeto y los canales de cooperación bilateral en temas comerciales y consulares, que, hasta el momento, no han sido oficialmente afectados.
Esta nueva fase de la crisis confirma la debilidad de las relaciones políticas en América Latina cuando se entrecruzan la defensa de derechos humanos, el asilo y los intereses nacionales, y subraya la importancia de la diplomacia prudente para evitar que los conflictos políticos deriven en daños mayores para las sociedades y el desarrollo regional.
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