La Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamás, Yahya Sinwar, entre otros. Esta decisión sin precedentes marca un punto de inflexión en el conflicto israelo-palestino.
Acusaciones de crímenes de guerra
El fiscal de la CPI, Karim Khan, fundamentó su solicitud en presuntos crímenes de guerra cometidos por ambas partes en los territorios palestinos ocupados. Específicamente, se acusa a Netanyahu y Gallant de ordenar ataques indiscriminados contra civiles palestinos, mientras que a Sinwar se le imputan crímenes como la toma de rehenes israelíes.
Khan enfatizó que «las leyes humanitarias internacionales aún deben aplicarse» en este conflicto, y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Además, advirtió que no dudarán en presentar más solicitudes de órdenes de arresto si la evidencia lo requiere.
Reacciones encontradas
Mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó el caso como «justificado», el Kremlin ruso desestimó las órdenes de arresto como «indignantes e inaceptables», alegando que no reconocen la jurisdicción de la CPI.
Por su parte, Netanyahu tildó la decisión de «escándalo a escala histórica«, mientras que Hamás aún no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, se prevé que ambas partes rechacen las acusaciones y se nieguen a cooperar con la CPI.
Jurisdicción de la CPI
Aunque Israel no es parte del Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino, ya que Palestina sí es un Estado miembro. No obstante, la ejecución de las órdenes de arresto podría ser complicada, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados miembros.
En resumen, esta decisión sin precedentes de la CPI intensifica las tensiones en el conflicto israelo-palestino y pone a prueba la autoridad y alcance de la Corte en un caso sumamente controvertido.
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