La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra evaluando una demanda presentada por México contra fabricantes de armas estadounidenses, en un caso que podría tener importantes implicaciones para ambos países. Este análisis coincide con la entrada en vigor de nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos mexicanos.
México busca una indemnización de 10.000 millones de dólares por parte de ocho fabricantes de armas, incluyendo Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, entre otros. El gobierno mexicano argumenta que el comercio «negligente e ilícito» de estas empresas contribuye al narcotráfico y la violencia en el país.
La demanda, iniciada en 2021, ha enfrentado obstáculos legales. En 2022, un juez desestimó el caso citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que exime a los fabricantes de responsabilidad por el uso criminal de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones revivió el caso, argumentando que existe una excepción a esta ley.
El gobierno mexicano sostiene que el 72% de las armas encontradas en escenarios de crímenes relacionados con el narcotráfico provienen de estas empresas estadounidenses. Según las autoridades, alrededor de medio millón de armas ingresan ilegalmente a México cada año desde Estados Unidos.
La decisión de la Corte Suprema sobre si desestimar o dar curso a la demanda se espera antes del verano boreal. Esta evaluación coincide con la implementación de aranceles del 25% a productos mexicanos por parte de la administración Trump, una medida de presión para que México intensifique su lucha contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo.
En un movimiento relacionado, Trump ha declarado como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga. En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha amenazado con ampliar las acciones legales contra los fabricantes de armas, acusándolos de «complicidad» con estos grupos.
El caso se desarrolla en un contexto de tensiones bilaterales y debates sobre seguridad fronteriza. México ha registrado más de 340.000 asesinatos y cerca de 100.000 desapariciones desde el inicio de su ofensiva militar antidrogas en 2006, lo que subraya la urgencia de abordar el flujo ilegal de armas y su impacto en la violencia relacionada con el narcotráfico.
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