El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación formal contra la Administración de Control de Drogas (DEA) por una controvertida estrategia que permitió que grandes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales daban seguimiento a los envíos para construir casos más amplios de narcotráfico. El presidente del comité, el republicano James Comer, solicitó este lunes al fiscal general Todd Blanche documentos relacionados con operaciones realizadas en Nuevo México entre 2023 y 2025, después de que denuncias internas y un informe revelaran que la agencia permitió que cientos de miles de pastillas del opioide sintético continuaran su tránsito hacia las comunidades.
La estrategia bajo investigación, conocida en inglés como “fentanyl walking” o “dejar que el fentanilo camine”, consistía en monitorear envíos importantes de la droga sin decomisarlos de inmediato para reunir pruebas y avanzar sobre organizaciones criminales más grandes. Según reportes de Associated Press, la pesquisa del Congreso se abrió dos meses después de que la propia DEA revelara que sus agentes siguieron repetidamente cargamentos de fentanilo en Nuevo México sin impedir que parte de la droga llegara a la calle, una práctica que contrasta con la campaña de concientización de la agencia bajo el lema “Una pastilla puede matar”.
Cambios en los protocolos de 2017
La política vigente desde 2017 indicaba que los agentes debían incautar o impedir la distribución de fentanilo tan pronto como fuera posible, estableciendo como prioridad evitar que la sustancia circulara. Sin embargo, el Departamento de Justicia reescribió esa norma en 2024 y otorgó mayor discreción a los investigadores para preservar operaciones en curso, argumentando los beneficios que se obtendrían al no intervenir inmediatamente para poder identificar a proveedores, distribuidores y líderes de organizaciones criminales de mayor jerarquía.
Comer criticó la modificación de los protocolos y señaló que la administración del expresidente Joe Biden “desatendió estos protocolos y en su lugar permitió que los cargamentos permanecieran bajo la custodia y el control de criminales”. El republicano destacó que la primera administración de Donald Trump desarrolló protocolos de mitigación de riesgos que abordaban la amenaza única de seguridad pública del fentanilo, exigiendo a los agentes hacer esfuerzos razonables para prevenir la distribución de esta droga letal.
Impacto en Nuevo México
La investigación legislativa busca esclarecer las órdenes impartidas a los agentes para permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo continuaran su tránsito hacia las calles con el argumento de construir expedientes judiciales de mayor alcance contra las redes del narcotráfico. Según datos citados por el Comité de Supervisión, Nuevo México fue fuertemente afectado por el fentanilo, con un aumento de casi 21% en las muertes por envenenamiento con esta sustancia entre 2023 y 2025, en contraste con una disminución de 14% en el promedio nacional de Estados Unidos.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha demandado al Departamento de Justicia solicitando información sobre estas operaciones, mientras que el inspector general del Departamento de Justicia anunció en agosto de 2026 que examinará estas políticas y pesquisas con escuchas telefónicas para determinar si la misma táctica se utilizó en otras partes del país. La DEA, encabezada por Terry Cole, ha defendido la actuación de sus agentes y solicitado una revisión independiente para determinar si las operaciones respetaron las leyes y protocolos establecidos.
Tres frentes de investigación
Actualmente existen tres frentes principales de investigación sobre esta práctica: una revisión del inspector general del Departamento de Justicia, una investigación del fiscal general de Nuevo México y la pesquisa del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Hasta ahora no está probado que la DEA haya establecido una política general para “dejar pasar” fentanilo, pero lo que se investiga son operaciones específicas en las que agentes habrían retrasado decomisos para intentar llegar a integrantes de mayor rango de organizaciones criminales.
La controversia ha generado un intenso debate sobre si la estrategia de trabajo que utilizan los agentes justifica el riesgo de que una droga mortal llegara a las calles, especialmente cuando existen alternativas como las escuchas telefónicas y el seguimiento financiero que podrían permitir construir casos sólidos sin poner en peligro a la población. El Comité de Supervisión ha solicitado todos los registros de la DEA sobre esta estrategia, incluyendo comunicaciones internas, memorandos de política y reportes de operaciones específicas realizadas durante el gobierno de Biden.
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