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China lleva a la OMC los aranceles de la UE a sus coches eléctricos

China ha presentado una demanda formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en respuesta a los aranceles provisionales impuestos por la Unión Europea (UE) a los vehículos eléctricos chinos. Estos aranceles, que pueden alcanzar hasta un 38%, fueron anunciados por Bruselas en julio con el argumento de que los coches eléctricos chinos están subsidiados y dañan la competencia en el mercado europeo.

El Ministerio de Comercio de China ha declarado que la decisión de la UE «carece de una base fáctica y jurídica sólida» y constituye una «violación grave» de las normas de la OMC. Las autoridades chinas argumentan que estas medidas no solo perjudican a la industria automotriz china, sino que también «ponen en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático».

Por su parte, la Comisión Europea defiende que los aranceles son necesarios para proteger las inversiones en la transición energética y evitar la pérdida de millones de empleos en Europa. Los aranceles provisionales, que entraron en vigor el 5 de julio, varían según el nivel de subsidios recibidos por los fabricantes y su cooperación en la investigación. Empresas como BYD y Geely enfrentan aranceles más bajos (17,4% y 19,9%, respectivamente), mientras que SAIC enfrenta el arancel máximo del 38,1%.

China ha instado a la UE a «corregir» lo que considera un «error» en la aplicación de estas políticas, con el objetivo de «salvaguardar la estabilidad de las cadenas de suministro y la cooperación económica» entre ambas regiones. Este conflicto comercial se suma a las tensiones existentes, ya que China también ha iniciado investigaciones antidumping contra productos europeos, afectando especialmente al sector porcino español.

La decisión final sobre si estos aranceles provisionales se convertirán en permanentes se tomará a finales de octubre, cuando los Estados miembros de la UE voten nuevamente. Para que los aranceles no se conviertan en definitivos, se requiere una mayoría cualificada en contra (55% de los países europeos que representen el 65% de la población).

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