En una reciente comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra exhortó al organismo a evaluar y pronunciarse sobre el papel del gobierno de Estados Unidos en la regulación de las actividades de las empresas manufactureras y comercializadoras de armas. Bárcena Ibarra pidió una opinión consultiva sobre la responsabilidad de estas empresas en la violencia en México y la obligación del gobierno estadounidense de regularlas.
Este movimiento se da en paralelo a las demandas que México ha presentado ante cortes en Estados Unidos contra fabricantes y vendedores de armas. La canciller mexicana, acompañada por Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó la situación de emergencia que el tráfico ilegal de armas ha generado en México, señalando que anualmente unas 200 mil armas compradas legalmente en Estados Unidos son traficadas ilegalmente a México, cayendo en manos de grupos armados.
La CIDH emitirá una opinión de carácter simbólico pero importante para el esfuerzo de México por resaltar la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia que azota al país desde hace casi dos décadas.
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