En el segundo debate presidencial, los tres principales candidatos coincidieron en la urgencia de combatir la extorsión, un delito que ha ido en aumento durante los últimos años y que afecta gravemente a diversos sectores, especialmente al agropecuario y de transportistas.
Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha presentado un plan integral contra la extorsión que incluye:
- Catalogar la extorsión como delito grave en los códigos penales federal y locales, al igual que se hizo con el secuestro. Esto permitiría desincentivar el delito, promover la denuncia y fortalecer las tareas de investigación e inteligencia.
- Crear el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que vincule a las fiscalías estatales con la seguridad pública federal para atender delitos de alto impacto como la extorsión.
- Ampliar las capacidades de la Guardia Nacional para que, además de labores preventivas, pueda investigar casos de extorsión y ser primer respondiente. La GN también vigilaría las carreteras para combatir la extorsión a transportistas.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, ya ha hecho varios planteamientos:
- Combatir de manera frontal la extorsión que sufren productores agrícolas, un sector severamente afectado.
- Definir una lista de los delincuentes más peligrosos y violentos para aprehenderlos y solicitar extradiciones.
- Crear equipos policiales de reacción en cada estado para contrarrestar a las bandas de extorsionadores.
- Fortalecer el registro de comunicaciones para impedir que los delincuentes operen de manera anónima en las extorsiones telefónicas.
Finalmente, Jorge Álvarez Máynez, aspirante de Movimiento Ciudadano, prometió implementar un «modelo de predictividad de inteligencia criminal» para anticiparse a delitos como la extorsión y el cobro de piso.
Aunque con enfoques y propuestas distintas, los tres candidatos reconocieron la gravedad de la extorsión y la necesidad de enfrentarla de manera contundente, lo que podría marcar una prioridad en la agenda de seguridad del próximo gobierno.
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