El gobierno de La Magdalena Contreras, bajo la gestión de Luis Gerardo Quijano, ha dado luz verde a construcciones que desafían el decreto de suspensión vigente desde 2020. Esta decisión parece más un guiño a los intereses de las inmobiliarias que un acto de responsabilidad con el medio ambiente, poniendo en jaque la ya delicada situación de las reservas acuíferas y la calidad del Río Magdalena.
La colonia San Jerónimo Lídice se convierte en símbolo de la expansión urbana que devora los recursos naturales sin miramientos. A pesar de las sanciones, la urbanización se extiende, evidenciando un desdén por la protección ambiental.
El cuestionamiento público hacia las autoridades ha escalado desde 2018, apuntando a una administración que, con sus acciones, parece apostar por el concreto en lugar del verde. La promesa de un procedimiento de verificación administrativa se percibe vacía frente a la realidad de los hechos.
Proyectos como el parque privado en Rancho El Fraile, el Torre Místik Luis Cabrera, y el ambicioso Hospital Ángeles son vistos como los villanos en esta historia de desarrollo irresponsable. Promovidos por Grupo Frisa, estos proyectos no solo desoyen el clamor popular sino que desprecian las advertencias ecologistas sobre la capacidad hídrica de La Magdalena Contreras.
Los datos de Sacmex alertan sobre el peligro que representan las cerca de 80 descargas nuevas de aguas negras al Río Magdalena. La falta de un enfoque sostenible y el aparente desinterés por un futuro hídrico estable, pone de manifiesto una gestión que parece favorecer el crecimiento urbano a costa de la supervivencia del entorno natural.
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