Transportistas y comerciantes iniciaron este miércoles 23 de julio un paro y bloqueos masivos en las entradas y accesos a la Ciudad de México (CDMX) para exigir el cese de la extorsión y solicitar justicia tras la desaparición de Bernardo Aldana, coordinador de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), presuntamente ocurrida al negarse a pagar una extorsión. Esta movilización afecta vialidades clave del Estado de México y las autopistas que conectan con entidades vecinas, generando un grave impacto en la movilidad de millones de personas en la capital y zona metropolitana.
La protesta, convocada por organizaciones de transportistas y comerciantes agrupados en ACME, responde a la escalada de violencia e inseguridad que afecta al sector transporte. La exigencia central es un alto a las extorsiones que enfrentan conductores, choferes y empresarios del gremio, así como la intervención inmediata de las autoridades para garantizar seguridad y justicia. Los manifestantes denuncian la falta de atención por parte de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y exigen la presentación con vida de Bernardo Aldana, un símbolo de la lucha contra el crimen organizado que cada día cobra más víctimas en el sector.
Los bloqueos se registran en puntos estratégicos del sur del Estado de México y accesos carreteros a CDMX, tales como los principales ingresos a Valle de Bravo, Tejupilco, Luvianos y municipios colindantes. Desde el lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha realizado operativos contra redes de extorsión vinculadas a grupos delictivos como La Familia Michoacana, deteniendo a presuntos halcones y colaboradores que operaban en el transporte. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente para desactivar la violencia y ahora los transportistas han intensificado sus medidas de presión con bloqueos y marchas simultáneas.
El contexto actual en la capital y zonas aledañas es de alta tensión debido a que el paro se da justo en semanas cruciales para la circulación vehicular, afectando el tráfico habitual y el transporte público. Además, la manifestación busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector transporte, que también está afectado por la extorsión sistemática, amenazas y asesinatos que generan un clima de miedo que impacta no solo a los trabajadores sino a millones de usuarios. La convocatoria ha tenido respaldo de diversos gremios, aunque algunos se mantienen divididos por diferencias internas, tal como ha ocurrido en otros estados y países con protestas similares por razones similares.
El llamado enérgico y decidido de ACME y sus aliados es parte de un movimiento amplio que busca la intervención federal, estatal y municipal para implementar acciones contundentes que frenen la extorsión y la impunidad. Los manifestantes insisten en la necesidad de que las autoridades actúen con mayor eficacia y coordinación para proteger no sólo al gremio transportista, sino también a la sociedad civil que depende del servicio. Al mismo tiempo, hacen un llamado a sus compañeros para mantenerse unidos y organizados en la lucha contra las prácticas delictivas que hoy amenazan la estabilidad del transporte en la capital.
Esta paralización de transportistas y comerciantes que ha colapsado los accesos a CDMX desde Querétaro y Pachuca muestra la gravedad del problema de extorsión en el sector y pone en el centro del debate público la urgente necesidad de políticas de seguridad especializadas. La movilización, aunque genera afectaciones de movilidad, es la expresión de un clamor colectivo ante la falta de justicia y protección. Por ello, seguir de cerca las acciones de las autoridades y el desarrollo de esta protesta resulta fundamental para comprender la evolución del panorama de seguridad en el transporte y la Ciudad de México.
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