Congreso aprueba penas de hasta 7.5 años de prisión para agresores
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la tipificación de los “pinchazos” como delito grave, con penas que pueden alcanzar hasta 7.5 años de prisión y multas de hasta 350 días de salario mínimo. La reforma, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y aprobada con 60 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, responde a la creciente preocupación por agresiones con agujas o sustancias en el transporte público y eventos masivos como conciertos, festivales y estadios.
La nueva ley sanciona a quienes suministren sustancias a otra persona sin su consentimiento, ya sea por vía oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, utilizando bebidas, alimentos, objetos punzocortantes o inyecciones. El castigo será mayor si la agresión ocurre en lugares de alta concentración, como el Metro, Metrobús, camiones, o durante espectáculos públicos. Además, la pena puede aumentar si el acto tiene como objetivo facilitar delitos como abuso sexual, robo, trata, homicidio o feminicidio.
La reforma incorpora un nuevo capítulo en el Código Penal local bajo el nombre “Administración subrepticia de sustancias”, y contempla agravantes si la víctima pertenece a grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, o si se usan sustancias psicoactivas, narcóticas o psicotrópicas. Las penas básicas van de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 350 días de multa, pero pueden incrementarse hasta la mitad en casos agravados.
La medida llega tras un alarmante incremento en las denuncias: hasta el 27 de mayo, la Fiscalía de la CDMX había recibido 120 reportes de pinchazos, con 65 casos confirmados por especialistas como punciones reales. Las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación, lo que evidencia un riesgo serio para su integridad y salud.
Para reforzar la seguridad, las autoridades han desplegado un operativo con 5,800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el transporte público. Además, se han establecido protocolos claros de atención para que las víctimas reciban apoyo inmediato, sean trasladadas a hospitales y se inicien las investigaciones correspondientes.
Con esta nueva normativa, el Gobierno local busca proteger a los pasajeros y castigar a quienes perpetren este tipo de agresiones y actos de vulneración a la salud y vida de los capitalinos. La capital se coloca así a la vanguardia nacional en la lucha contra una forma de violencia que preocupa y afecta a miles de personas, enviando un mensaje contundente contra la impunidad y fortaleciendo la protección de quienes usan el transporte público y asisten a eventos masivos.
Deja una respuesta