El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia anunciaron un combate total a las redes de despojo de inmuebles en la capital, tras el aumento de denuncias y la detención de varios presuntos responsables. La titular de la Fiscalía, Bertha Alcalde Luján, informó que en 2026 se han abierto mil 846 carpetas de investigación por este delito y que ya existen redes identificadas que operan de manera sistemática en distintas alcaldías.
Las autoridades confirmaron la detención de Virginia “N” y Diana “N”, madre e hija, acusadas de apropiarse ilegalmente de una vivienda en la Cerrada de Matías Romero, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Las dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Doctores y trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.
Cómo operan las redes de despojo
De acuerdo con los reportes, las investigaciones han permitido detectar distintos esquemas utilizados para apropiarse de inmuebles. Entre ellos figuran el ingreso a viviendas mediante violencia o intimidación, el uso de procedimientos judiciales o documentos presuntamente irregulares para intentar legitimar la ocupación, y el aprovechamiento de inmuebles vacíos o habitados por personas en condición vulnerable.
La Fiscalía señaló que tiene identificadas redes que operan en colonias como Del Valle, Narvarte, Álamos, Moderna, Portales y Nativitas, y que mantiene bajo investigación a personas consideradas objetivos prioritarios. En algunos casos, las autoridades han detectado vínculos con servidores públicos, notarios o agentes inmobiliarios que facilitarían la consumación del delito.
Más de mil 800 carpetas en 2026
Hasta junio de 2026, la CDMX acumuló más de mil 900 carpetas de investigación por despojo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante una sola jornada de atención a víctimas, la Fiscalía recibió 61 denuncias relacionadas con posibles despojos en distintas alcaldías de la capital, además de 20 solicitudes por delitos relacionados como amenazas, lesiones y fraude procesal.
El gobierno capitalino y la Fiscalía acordaron crear un equipo especializado que concentrará las investigaciones por despojo. La estrategia contempla dar seguimiento individual a cada denuncia, mantener una mesa permanente de atención a víctimas y revisar posibles vínculos entre expedientes para identificar redes delictivas e, incluso, la probable participación de servidores públicos.
Sanciones más severas
En 2025, la administración de Clara Brugada anunció reformas para endurecer las penas por despojo: de 11 a 22 años de prisión en casos agravados, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Las sanciones se duplican si hay falsificación de documentos, invasión de zonas patrimoniales, participación de notarios o afectación a personas vulnerables.
A pesar de las medidas, organizaciones de víctimas han criticado la lentitud en la restitución de inmuebles y la impunidad en la mayoría de los casos. Entre 2020 y abril de 2026, la Fiscalía abrió 25 mil carpetas por despojo, pero solo reportó 463 detenciones, lo que refleja el reto de desarticular estas redes y devolver propiedades a sus legítimos dueños.
Atención a víctimas
El gobierno capitalino habilitó un número telefónico para atención de casos de despojo: 55345 8120. La estrategia incluye asesoría jurídica gratuita, acompañamiento legal y operativos de restitución de predios. Para las autoridades, el objetivo es no solo detener a los responsables, sino también prevenir nuevos despojos y recuperar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para proteger el patrimonio.
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