El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal para la creación del delito de corrupción inmobiliaria, desatando un intenso debate en el Congreso. Esta propuesta, que busca castigar a los servidores públicos involucrados en la autorización de construcciones irregulares o la adición de pisos no autorizados en edificaciones, establece penas de entre 10 y 20 años de prisión. Además, las sanciones se incrementarán si los funcionarios o sus familiares obtienen beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie.
La propuesta de ley modificaría el artículo 276 Quater del Código Penal para el Distrito Federal, sancionando la corrupción inmobiliaria tanto en acción como en omisión. Según Batres, el objetivo es combatir un fenómeno que ha permitido a funcionarios amasar fortunas a través de permisos indebidos para construcciones y que ha generado un impacto negativo en el desarrollo urbano y la seguridad de la ciudad.
En contraste, Luisa Gutiérrez, Coordinadora de diputados del PAN, expresó preocupación, argumentando que la iniciativa podría estar motivada por una campaña de desprestigio hacia la oposición. A su vez, diputados de Morena, como Nancy Núñez, respaldaron la iniciativa, destacando su importancia para limitar la corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La corrupción inmobiliaria ha sido un problema recurrente en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, donde se han documentado numerosos casos de construcciones que exceden los límites permitidos por norma. Esta problemática ha afectado no solo económicamente sino también socialmente, elevando el costo de la vivienda y generando riesgos en términos de protección civil.
La presentación de esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio para combatir la corrupción y promover el desarrollo urbano sostenible y seguro. Se espera que la propuesta contribuya a una transformación en la política inmobiliaria de la ciudad, enfatizando la vivienda digna y segura como un derecho fundamental.
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