El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EdoMex) están en proceso de crear una Policía Metropolitana que busca mejorar la seguridad en la región. Este anuncio fue realizado por Clara Brugada, jefa de Gobierno, quien enfatizó la necesidad de combatir el delito más allá de las fronteras territoriales. La propuesta incluye la implementación de un sistema de videovigilancia que permitirá a las fuerzas de seguridad actuar sin limitaciones geográficas, facilitando así la persecución de delitos en áreas consideradas «rojas» por su alta incidencia delictiva.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de México, el secretario de Seguridad del EdoMex, Cristóbal Castañeda, mencionó que ya se han llevado a cabo reuniones con autoridades federales y locales para establecer esta estrategia metropolitana. Se prevé que esta unidad no solo aborde la inseguridad en la CDMX, sino que también atienda problemáticas específicas en el sur del Estado de México, donde se planea establecer cuarteles policiales con más de 10,000 efectivos debidamente equipados.
Brugada también destacó que el nuevo gabinete de seguridad, que sesionará diariamente, tendrá como prioridad la coordinación entre las autoridades locales y federales. Esto es crucial para implementar medidas efectivas contra delitos como la extorsión. La jefa de Gobierno hizo un llamado al Congreso para que se apruebe una iniciativa que convierta la extorsión en un delito grave, lo cual facilitaría la aplicación de penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos.
Además de la creación de esta policía, se contempla un rediseño integral del sistema de seguridad metropolitana que incluirá mejoras en movilidad y gestión hídrica. Alejandro Encinas, nombrado secretario de Planeación Territorial y Gestión Metropolitana, subrayó que se busca eliminar la segregación entre las entidades que conforman la zona metropolitana, permitiendo así una mejor colaboración en diversas áreas.
La implementación de estas estrategias tiene como objetivo no solo reducir los índices delictivos, sino también mejorar la calidad de vida en una región que ha enfrentado retos significativos en materia de seguridad. Con estos cambios, ambos gobiernos esperan generar un entorno más seguro y cohesionado para sus habitantes.
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