En una histórica sesión del Congreso de la Ciudad de México, los legisladores aprobaron por unanimidad una reforma al Código Penal local que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito. Esta medida busca sancionar a servidores públicos que permitan o toleren la construcción ilegal de inmuebles o la edificación de pisos adicionales sin cumplir con los requisitos de ley.
La reforma, presentada por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor de Morena, establece penas de entre 10 a 20 años de prisión para los funcionarios que incurran en este delito. El objetivo principal es evitar que se repitan casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas gubernamentales, especialmente en las alcaldías.
Martha Ávila, coordinadora de Morena, enfatizó que la reforma no se dirige a nadie en particular, sino que busca prevenir que cualquier servidor público se valga de su puesto para hacer negocios turbios. Además, señaló la importancia de replicar esta ley a nivel federal.
Si bien la reforma fue aprobada unánimemente, los legisladores del PAN advirtieron que aún quedan pendientes por definir facultades entre el gobierno central y las alcaldías, particularmente en materia de verificación, para resolver de fondo el problema de las construcciones irregulares.
Con esta medida, la Ciudad de México da un paso firme en el combate a la corrupción inmobiliaria, buscando proteger la vida e integridad de los ciudadanos que adquieren inmuebles y garantizar el cumplimiento de la ley en el sector de la construcción.
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