El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México ha dado inicio al proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia, marcando un hito importante en la transformación del sistema de procuración de justicia de la capital. La convocatoria, publicada el 23 de octubre, establece los requisitos y etapas que deberán cumplir los aspirantes al cargo, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
Entre los requisitos más destacados se encuentran tener ciudadanía mexicana, contar con al menos 35 años de edad, poseer título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con cinco años o más de experiencia, y haber pasado al menos un año desde que se ocupara un puesto de elección popular o la dirección de un partido político. Además, los candidatos deberán hacer pública su declaración 3 de 3 y acreditar los filtros de confianza establecidos.
Un aspecto novedoso en este proceso es la participación de la Guardia Nacional en la aplicación de las evaluaciones de confianza a los aspirantes, lo que busca asegurar la integridad y capacidad de quien asuma el cargo. El Consejo Judicial Ciudadano ha conformado un grupo de trabajo para dar seguimiento a las distintas etapas del proceso, que incluyen la revisión de documentos, entrevistas y la elaboración de la terna final.
Se espera que la terna de candidatos sea presentada a principios de diciembre, tras lo cual la Jefa de Gobierno seleccionará a una persona para enviar su propuesta al Congreso capitalino. La decisión final requerirá la aprobación de al menos dos terceras partes del pleno del Congreso, subrayando la importancia de lograr un amplio consenso en torno al nombramiento.
Este proceso no solo busca designar a un nuevo fiscal, sino que forma parte de una transformación más amplia del sistema de justicia en la Ciudad de México. Se prevé la implementación de cambios significativos en la operación de la Fiscalía, incluyendo la transición a carpetas de investigación electrónicas y la creación de nuevos órganos especializados en delitos electorales y combate a la corrupción.
Deja una respuesta