El Congreso de la Ciudad de México ha oficializado la designación de Nashieli Ramírez Hernández como la nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General, un nombramiento crucial que marca un hito en la fiscalización del gasto público y la lucha contra la corrupción en la capital. Con una votación contundente de 62 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en el pleno, Ramírez Hernández rindió protesta el 7 de octubre de 2025, asumiendo un cargo de gran responsabilidad que se extenderá hasta el 6 de octubre de 2031. Esta decisión se produce tras un riguroso proceso de evaluación donde su candidatura destacó por su experiencia y un plan de trabajo enfocado en la transparencia y los derechos humanos, lo que subraya la importancia de su liderazgo en un organismo clave para la rendición de cuentas en la CDMX.
La designación de Ramírez Hernández fue avalada previamente por las comisiones unidas de Transparencia y de Rendición de Cuentas del Congreso local el 2 de octubre de 2025. Durante las entrevistas, Nashieli Ramírez obtuvo la mayor calificación entre los tres aspirantes, lo que reafirmó su idoneidad para el puesto. La terna, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también incluyó a Misael Martínez Vielma y Elena Ramos Arteaga, pero la trayectoria y propuestas de Ramírez fueron determinantes para su elección. Su nombramiento es visto como un paso significativo para asegurar la legalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público, así como para fortalecer los mecanismos de control ciudadano.
El plan de trabajo de la nueva contralora se articula en cinco ejes estratégicos, todos ellos intrínsecamente ligados a la defensa de los derechos humanos. Entre sus principales objetivos se encuentran: garantizar la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, intensificar la lucha contra la impunidad, fomentar un gobierno abierto, impulsar la contraloría social y diversas formas de participación ciudadana, y promover el desarrollo organizacional y la profesionalización dentro de la Secretaría de la Contraloría. Ramírez Hernández ha enfatizado su visión de una “Contraloría ciudadana” que priorice la cercanía con la gente, buscando mecanismos reales en el territorio que restablezcan la confianza pública y superen la auditoría meramente de escritorio.
Un aspecto notable en el proceso de su designación fue la acreditación de su título universitario, obtenido mediante el Acuerdo 286 de la SEP. Este mecanismo le permitió convalidar sus 40 años de experiencia en la administración pública a través de exámenes escritos y orales, obteniendo así la licenciatura en Gestión y Administración Pública. Este hecho, que ha sido parte de la discusión pública, fue defendido por Ramírez como un reconocimiento a su vasta trayectoria profesional. Su experiencia previa al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde lideró durante ocho años, es vista por sus defensores como una sólida base para su nuevo rol, dada su familiaridad con la vigilancia de la actuación de las autoridades.
Legisladores de diversas bancadas expresaron sus expectativas y advertencias. Desde el PRD, la diputada Nora Arias, aunque reconoció la designación, demandó “efectividad e independencia” de Ramírez, asegurando que su bancada estará vigilante para evitar que la Contraloría se convierta en una herramienta para intereses personales o persecución política. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Morena destacó que Ramírez cumple con los principios de la Cuarta Transformación, al demostrar capacidad técnica, ética y compromiso. En contraste, el PAN, a través de la diputada Claudia Montes de Oca, había manifestado preocupaciones sobre la falta de experiencia en temas específicos de fiscalización y exigió imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de sus funciones.
La llegada de Nashieli Ramírez a la Contraloría General de la Ciudad de México representa un momento crucial para la rendición de cuentas y la integridad en la administración pública capitalina. Su propuesta de una Contraloría con enfoque territorial y de derechos humanos buscará transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, promoviendo la confianza y la participación activa. Su gestión, que se extenderá por seis años, tendrá el desafío de materializar estas propuestas en un entorno de exigencia ciudadana creciente por la transparencia y la erradicación de la impunidad en todos los niveles de gobierno.
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