El Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma para combatir de manera más efectiva el delito de extorsión. La propuesta, entregada por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, busca modificar el Código Penal capitalino para aumentar las penas y tipificar nuevas modalidades de este delito.
Entre los cambios más significativos, la iniciativa propone elevar la pena mínima por extorsión de 5 a 15 años de prisión, llegando hasta los 25 años en casos agravados. Además, se busca tipificar como delito grave la extorsión conocida como «gota a gota», un esquema de préstamos abusivos que ha proliferado en la ciudad en los últimos años.
La reforma también contempla la inclusión de 14 nuevas agravantes para el delito de extorsión, entre las que destacan el uso de menores de edad para cometer el ilícito, la participación de servidores públicos, y cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad. Asimismo, se propone que la extorsión sea perseguida de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar sin necesidad de una denuncia formal.
Un aspecto innovador de la iniciativa es la propuesta de crear una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Extorsión, que contará con agentes del Ministerio Público y policías de investigación dedicados exclusivamente a estos casos. Además, se ha establecido una línea telefónica directa para denunciar extorsiones, disponible al número 5550363301, donde las víctimas podrán recibir atención las 24 horas del día.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que esta estrategia busca dar una respuesta inmediata y contundente al delito de extorsión, que no solo afecta económicamente a las víctimas sino que también genera un clima de inseguridad en la ciudad. «Con estas medidas, enviamos un mensaje claro: en la Ciudad de México no hay cabida para extorsionadores», declaró Brugada al anunciar la iniciativa.
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