En su primer informe de gobierno, Clara Brugada expuso ante el Congreso de la Ciudad de México los avances y desafíos de su administración, destacando como ejes los programas sociales, la seguridad y la movilidad capitalina. El reporte, formalmente entregado por el secretario de Gobierno César Cravioto, subraya el compromiso de la jefa de gobierno con la transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución local.
Entre los puntos más relevantes sobresale la implementación de nuevos programas sociales, como “Mercomuna”, “Desde la cuna” y el apoyo al transporte para jóvenes estudiantes, mostrando la apuesta de la administración por los grupos más vulnerables. Además, Brugada presumió el incremento en la cobertura y el alcance de estos programas, buscando garantizar bienestar y oportunidades para la población de la CDMX.
En materia de seguridad, el informe destaca una reducción del 60% en los delitos de alto impacto, lo que representa un avance histórico en la capital. Se reporta la detención de más de 500 personas por extorsión y una baja en los homicidios dolosos, que pasaron de 2.4% a 2.1% anual. Estas cifras buscan dar confianza a la ciudadanía y reflejan los esfuerzos de la actual administración en coordinación policial y política pública.
Otro tema central es la consolidación de grandes obras públicas como el Cablebús y las Utopías, espacios destinados a la recreación, cultura y deporte. Si bien reconoció algunos desafíos en proyectos de infraestructura debido a la inconformidad vecinal y las intensas lluvias históricas, Brugada aseguró que su gobierno “no está atorado en nada” y mantiene el compromiso de mejorar servicios como el bacheo y el reencarpetamiento, priorizando la habitabilidad de la ciudad.
El presidente del Congreso local, Jesús Sesma, subrayó que el informe será analizado con rigor y enfoque ciudadano para examinar los avances en salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. Tras la presentación, el Congreso iniciará una comparecencia de los miembros del gabinete de Clara Brugada, permitiendo un ejercicio de evaluación pública que fortalece la transparencia gubernamental y la responsabilidad institucional.
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