El Gobierno de la Ciudad de México ha publicado un decreto que tipifica como delito la corrupción inmobiliaria, con penas de hasta 30 años de prisión para los servidores públicos que autoricen construcciones irregulares por acción u omisión. Martí Batres, titular del Ejecutivo local, señaló que permitir desarrollos inmobiliarios masivos fuera de la norma genera desorden urbano, gentrificación, reduce la disponibilidad de agua y aumenta el precio del suelo en detrimento de los vecinos.
Batres enfatizó que esta corrupción provoca situaciones graves, como el derrumbe de edificios nuevos durante sismos o el daño a instalaciones estratégicas, como ocurrió con la Línea 12 del Metro. En la alcaldía Benito Juárez, donde se descubrió el llamado «cártel inmobiliario», se encontraron 130 construcciones irregulares en solo año y medio, con pisos adicionales a los permitidos por la ley.
Un caso emblemático es el de la construcción ilegal de un transformador en el camellón de la avenida Nuevo León, un área protegida por un programa parcial e histórico, para alimentar un desarrollo inmobiliario prohibido debido a la presencia de cables de alta tensión.
Otro ejemplo alarmante es el de un conjunto de 30 departamentos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rompió tubos de concreto de un acueducto construido hace siglos, sobre el cual se instalaron silos catalogados como patrimonio histórico.
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