A partir del 15 de julio, entra en vigor la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, una legislación histórica que busca garantizar una vida digna y libre de pobreza para todos los ciudadanos. Esta ley establece políticas públicas universales que abarcan áreas cruciales como agua, vivienda, educación, salud, espacio público, medio ambiente, trabajo, cuidados, tiempo libre y acceso a internet.
La nueva ley crea el Sistema General del Bienestar Social, un mecanismo que coordina todas las instancias de gobierno para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales universales. Además, establece la formulación de un Programa Especial al inicio de cada administración, con una vigencia de seis años, para orientar las políticas públicas y programas sociales de manera transparente y participativa.
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentra el compromiso de reducir la pobreza laboral y de tiempo de las personas cuidadoras, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados. También se busca revertir los procesos de exclusión y segregación socio-territorial en la Ciudad de México, con el objetivo de lograr una mayor justicia territorial.
La ley hace especial énfasis en la atención a grupos vulnerables, impulsando programas de mejoramiento en pueblos, barrios y colonias con la participación de las comunidades. Asimismo, se compromete a garantizar los derechos y una vida digna libre de discriminación para la comunidad LGBTTTI+.
Es importante destacar que la aprobación de esta ley no estuvo exenta de controversias. Inicialmente, se propuso eliminar la palabra «alcaldías» del documento, lo que habría impedido a los titulares de las demarcaciones realizar ayudas sociales. Sin embargo, tras intensas discusiones, se logró un acuerdo que permite a las alcaldías otorgar programas sociales, siempre y cuando no se dupliquen con los del Gobierno central.
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