La Ciudad de México ha tomado medidas firmes para combatir el creciente problema del despojo de inmuebles, un delito que ha afectado a miles de familias en la capital. El pasado mes de julio de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una política de mano dura que incluye penas de hasta 22 años de prisión sin derecho a fianza para quienes cometan este ilícito, además de endurecer sanciones en casos agravados donde estén involucrados servidores públicos, notarios o agentes inmobiliarios.
Esta estrategia se creó en respuesta al alarmante incremento de denuncias registradas en lo que va del año. Hasta el 15 de julio de 2025, se reportaron más de 2 mil 245 denuncias por despojo, un aumento del 8% respecto a 2024. Las alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, zonas donde el delito ha generado gran preocupación entre la población debido a su impacto patrimonial y social.
Para fortalecer la prevención y atención a las víctimas, el gobierno capitalino estableció un gabinete especializado y un Mecanismo de Protección Cautelar que brinda asesoría jurídica y apoyo para proteger el patrimonio de los ciudadanos. Este gabinete ya ha logrado recuperar nueve inmuebles en dos meses, con planes para rescatar más propiedades que han sido despojadas ilegalmente.
El endurecimiento de penas busca cerrar vacíos legales que permitían la impunidad y facilitar la restitución de las propiedades. Además, la eliminación de la fianza garantiza que los agresores permanezcan en prisión durante el proceso judicial, lo que es un cambio sustancial en la política penal para este tipo de delitos. Estas reformas pugnan por proteger especialmente a sectores vulnerables y minimizar el crecimiento de estos delitos que despojan a las familias de su seguridad y patrimonio.
El fenómeno del despojo de inmuebles en México presenta múltiples modalidades, desde la falsificación de documentos hasta la ocupación violenta. En la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades combaten esta problemática intensificando las denuncias, creando protocolos de atención inmediata y legalizando reformas para castigar severamente a los responsables.
Este esfuerzo integral representa un compromiso claro para proteger el derecho a la vivienda y mejorar la seguridad en la capital, enviando un mensaje contundente de que el despojo de inmuebles es un delito grave que será perseguido y sancionado con todo el rigor de la ley.
Deja una respuesta