El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma histórica contra la extorsión que incrementa significativamente las penas y amplía las herramientas legales para combatir este delito. Con 59 votos a favor, la iniciativa impulsada por Clara Brugada transforma el marco legal para proteger a ciudadanos y comerciantes de prácticas delictivas.
Las penas por extorsión se incrementarán de 5 a 15 años de prisión, con multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). La reforma introduce nuevas figuras delictivas como los «montachoques», aquellos que generan accidentes intencionales para extorsionar, y la cobranza ilegítima conocida como «gota a gota». La extorsión será considerada un delito grave, lo que impedirá que los delincuentes obtengan libertad bajo fianza.
Un aspecto fundamental de la reforma es que los intentos de extorsión serán considerados delitos consumados, eliminando la dependencia de la denuncia de las víctimas. Muchas veces, el miedo y la intimidación impedían que las personas denunciaran, pero ahora las autoridades podrán actuar de oficio. La Fiscalía General de Justicia creará una Unidad Especializada en Investigación de Fraudes y Extorsión para atender estos casos.
La estrategia incluye la línea telefónica 55-5036-3301, disponible las 24 horas, para recibir denuncias de extorsión. Además, se implementarán 1,000 talleres preventivos para comerciantes y vecinos, con el objetivo de educar sobre cómo identificar y enfrentar la extorsión. Según datos del INEGI, la alcaldía Cuauhtémoc registró un aumento del 250% en extorsiones entre 2022 y 2023.
Clara Brugada enfatizó que esta reforma busca proteger especialmente a pequeños negocios y comerciantes, quienes son los más vulnerables ante estos delitos. La nueva legislación no solo busca castigar, sino también prevenir, transformando la extorsión de un delito patrimonial a una violación de la integridad personal y dignidad de las víctimas
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