La capital endurece penas y avanza hacia la protección de usuarios en transporte público
El Congreso de la Ciudad de México dio un paso clave en la lucha contra las agresiones conocidas como “pinchazos”, al aprobar en comisiones la tipificación de este acto como delito grave. El dictamen, que será discutido en el pleno en próximos días, contempla penas de prisión de hasta 7.5 años y multas de hasta 300 días de salario mínimo para quienes suministren sustancias a personas sin su consentimiento, especialmente en espacios públicos como el Metro y el Metrobús.
La iniciativa fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por legisladores de distintos partidos, en respuesta al aumento de denuncias por “pinchazos” en el transporte público y eventos masivos. El dictamen reforma el Código Penal local para sancionar la administración subrepticia de sustancias, ya sea por vía oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, y mediante el uso de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones o agujas.
Las penas básicas van de dos a cinco años de prisión y multas de 50 a 300 días, pero pueden aumentar hasta 7.5 años si se comprueba que la agresión ocurrió en lugares de alta concentración, como el transporte público, o si el acto tuvo como finalidad facilitar delitos graves como abuso sexual, violación, robo, trata, homicidio o feminicidio1235. También se consideran agravantes el uso de sustancias narcóticas o psicotrópicas, y si la víctima pertenece a grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
El dictamen responde a la creciente preocupación social y al vacío legal que existía, ya que hasta ahora los “pinchazos” no estaban tipificados como delito autónomo, lo que dificultaba la investigación y sanción de los responsables45. Legisladores como Alberto Martínez Urincho y Tania Larios Pérez destacaron que esta reforma brinda herramientas claras a las autoridades para proteger la autonomía corporal y la seguridad de los ciudadanos, y orienta la acción institucional ante nuevas formas de violencia urbana.
La reforma será presentada ante el pleno del Congreso capitalino para su votación final, y de ser aprobada, entrará en vigor de inmediato. Organizaciones civiles y colectivos de víctimas han celebrado el avance, aunque piden que la aplicación de la ley sea rigurosa y acompañada de campañas de prevención y atención a las víctimas.
Con este paso, la CDMX busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad y fortalecer la protección de quienes usan el transporte público y otros espacios colectivos, en un contexto donde la seguridad y la integridad física se han convertido en demandas urgentes de la ciudadanía.
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