El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, han desmentido las acusaciones sobre la existencia de una fosa clandestina en Tláhuac-Iztapalapa, calificándolas de «guerra sucia» en el contexto electoral. Durante una conferencia de prensa, se reveló que los supuestos restos humanos encontrados en el sitio eran en realidad huesos de perros, y las credenciales halladas no correspondían a personas desaparecidas.
La denuncia inicial, que provocó una amplia cobertura mediática y preocupación pública, fue rápidamente investigada por varias instituciones de la capital, incluyendo la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Pública. Estas entidades confirmaron que no había evidencia de una fosa clandestina ni de restos humanos en el lugar especificado.
López Obrador atribuyó las falsas acusaciones a una «estrategia perversa» de sus opositores políticos, quienes, según él, intentan desestabilizar su administración y afectar la percepción pública mediante tácticas de desinformación. El presidente mencionó que detrás de estas acciones están grupos conservadores de estados como Sonora y Chihuahua, que históricamente no han apoyado su gobierno.
A pesar de la clarificación de los hechos, el incidente ha generado un debate sobre la manipulación de la información y su impacto en la política. La rápida respuesta de las autoridades capitalinas ha sido elogiada por su eficacia, pero también ha resaltado la necesidad de cautela en la respuesta mediática y pública ante denuncias que pueden ser infundadas.
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