Estados Unidos acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por su presunto papel en el derribo de dos avionetas civiles del grupo anticastrista Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996, un episodio que dejó cuatro personas muertas y marcó una de las crisis diplomáticas más fuertes entre Washington y La Habana.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la acusación también incluye a otros cinco señalados del régimen cubano por el ataque contra aeronaves de Brothers to the Rescue, organización integrada por exiliados cubanos con sede en Miami.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas fueron derribadas por fuerzas cubanas. Washington sostiene que las aeronaves se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras que el gobierno cubano históricamente ha defendido su actuación bajo argumentos de soberanía y seguridad nacional.
La acusación contra Castro incluye cargos relacionados con asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, según reportes internacionales. La medida representa una escalada en la presión judicial y política de Estados Unidos contra Cuba.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y las calificó como una maniobra política, en medio de un nuevo endurecimiento de Washington hacia la isla.
La decisión ocurre mientras la administración estadounidense impulsa una postura más dura contra el gobierno cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó una “nueva vía” para Cuba condicionada a reformas políticas, elecciones libres y reducción del poder de las Fuerzas Armadas en la economía de la isla.
Aunque Raúl Castro dejó formalmente la presidencia en 2018 y la dirección del Partido Comunista en 2021, su figura mantiene peso simbólico dentro del sistema político cubano. Por ello, la imputación tiene un fuerte impacto político, más allá de las posibilidades reales de que sea presentado ante una corte estadounidense.
El caso también reaviva viejas tensiones entre la comunidad cubano-estadounidense en Florida y el gobierno de La Habana, donde el derribo de las aeronaves sigue siendo recordado como uno de los episodios más delicados en la relación bilateral.
Con esta acusación, Washington vuelve a colocar a Cuba bajo presión internacional y abre un nuevo capítulo judicial en un conflicto que lleva décadas marcado por sanciones, bloqueo económico, disputas diplomáticas y acusaciones cruzadas.
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