El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó nuevos lineamientos para blindar los procesos de revocación de mandato y evitar el uso de programas sociales, propaganda oficial y recursos públicos con fines de influencia política. La medida busca garantizar que estos ejercicios se desarrollen con imparcialidad y sin intervención indebida de autoridades, partidos o personas servidoras públicas. El acuerdo aplica para diputaciones, alcaldías y concejalías elegidas en el proceso local 2023-2024, una vez que cumplen la mitad del periodo para el que fueron votadas.
Solo el IECM podrá difundir información
Los lineamientos establecen que únicamente el IECM podrá difundir información institucional sobre la revocación de mandato y promover la participación ciudadana. Esa difusión deberá mantenerse neutral, sin orientar el sentido del voto ni favorecer a quienes buscan conservar o retirar del cargo a una persona electa. También queda restringido el uso de páginas institucionales, redes sociales oficiales y contratación de espacios en radio o televisión con fines de persuasión electoral.
Además, durante el periodo de revocación quedará suspendida la propaganda gubernamental vinculada con la gestión de la persona sometida al procedimiento. La excepción será para mensajes relacionados con educación, salud o protección civil, rubros que por su naturaleza no pueden detenerse. El objetivo es impedir que obras, programas o acciones de gobierno funcionen como promoción indirecta de autoridades o aspirantes a influir en el proceso.
Candados para programas sociales
Uno de los puntos más estrictos del acuerdo es la prohibición de condicionar apoyos o entregar beneficios a cambio de respaldo político. El IECM también veta el uso de programas sociales como mecanismo de presión sobre la ciudadanía y extiende esta restricción a autoridades federales, locales, alcaldías, partidos y organismos públicos. En el caso de las alcaldías, la suspensión de propaganda deberá aplicarse incluso fuera de su demarcación para evitar que la difusión institucional sea aprovechada como promoción encubierta.
La normativa sí permite que la persona sometida al procedimiento y quienes hayan solicitado la revocación fijen postura desde la convocatoria y hasta tres días antes de la jornada. Sin embargo, esa participación no podrá convertirse en campaña ni financiarse con recursos públicos. La línea entre informar y hacer proselitismo quedará vigilada por la autoridad electoral, que podrá intervenir si detecta excesos o violaciones a la neutralidad.
Sanciones y vigilancia
El IECM advirtió que cualquier incumplimiento será investigado mediante el procedimiento especial sancionador previsto en la normatividad electoral. Esto abre la puerta a denuncias y medidas administrativas contra quienes utilicen indebidamente recursos públicos, tiempo oficial o plataformas gubernamentales. La autoridad electoral subrayó que la finalidad es asegurar un proceso limpio, con reglas claras y sin sesgos institucionales.
Con estos lineamientos, el instituto capitalino busca cerrar la puerta a prácticas que históricamente han contaminado ejercicios de participación ciudadana. La apuesta es que la revocación de mandato se resuelva con base en la opinión de la población y no en la maquinaria gubernamental. En un contexto político cada vez más vigilado, el mensaje del IECM es claro: la neutralidad será obligatoria.
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