Maru Campos abrió la puerta a una crisis de soberanía: Chihuahua, bajo presión por permitir operación de agentes de EE.UU.
Lo que comenzó como un accidente en la Sierra Tarahumara terminó exhibiendo un problema mayor: la posible participación irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano bajo una coordinación impulsada desde el gobierno de Maru Campos. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la falla principal estuvo en la administración de Chihuahua por solicitar esa colaboración sin que existiera claridad sobre el conocimiento y aval del gobierno federal.
El caso escaló luego de que se reportara la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un operativo y un posterior accidente en la sierra de Chihuahua. A partir de ahí, la discusión dejó de ser solo de seguridad pública y pasó al terreno de la soberanía nacional, luego de que medios reportaran que los extranjeros fallecidos estaban vinculados a tareas de inteligencia de Estados Unidos.
La reacción de Sheinbaum fue directa: sostuvo que la presencia de agentes de EE.UU. en ese contexto “no es menor” y que debe revisarse si hubo una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Además, afirmó que el gobierno federal no fue informado oportunamente y que incluso buscó a la gobernadora Maru Campos para pedir explicaciones.
Ahí está el error político y legal que hoy persigue a la mandataria panista: un gobierno estatal no puede tratar la cooperación con agentes extranjeros como si fuera un arreglo local, mucho menos en tareas que rocen funciones reservadas al Estado mexicano. La Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros solo pueden realizar actividades de enlace e intercambio de información bajo reglas federales específicas, y no asumir funciones operativas propias de autoridades mexicanas.
Lejos de apagar la polémica, la respuesta del gobierno de Chihuahua alimentó más dudas. Maru Campos y su equipo defendieron la colaboración con autoridades estadounidenses, pero esa explicación chocó con el reclamo de Palacio Nacional: si hubo presencia de agentes en campo, la autorización y supervisión no podían quedar en manos de una administración estatal. El resultado fue un choque frontal entre el discurso de “coordinación” de Chihuahua y la advertencia federal sobre una posible injerencia indebida.
La gravedad del caso obligó al gobierno mexicano a enviar un extrañamiento diplomático a la representación de Estados Unidos en México. Sheinbaum dejó claro que la cooperación bilateral en seguridad puede continuar, pero únicamente dentro del marco constitucional mexicano. En otras palabras: colaboración, sí; operación extranjera sin control federal, no.
Para Maru Campos, el costo político es alto. No solo quedó expuesta por una coordinación opaca en uno de los temas más sensibles para el país, sino que además abrió un flanco que la coloca como responsable de haber cruzado una línea delicada: permitir, solicitar o tolerar una presencia extranjera que hoy es leída desde el centro del poder como una falla de Estado. El problema ya no es solo Chihuahua; es el mensaje que deja sobre quién manda en materia de seguridad nacional.
Al final, el episodio retrata una imprudencia de fondo: Maru Campos quiso resolver un problema local con una fórmula que podía reventar a nivel nacional. Y lo hizo en el peor terreno posible: el de la soberanía. Porque una cosa es coordinarse con Washington, y otra muy distinta es abrirle la puerta sin que la Federación tenga la llave.
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