La Cámara de Diputados dio este 14 de abril un paso clave para la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum: declaró su constitucionalidad tras recibir el aval de 19 congresos locales, con lo que el llamado plan B electoral avanzó formalmente en su ruta legislativa.
El movimiento no es menor. Con esa cifra, la reforma alcanzó el respaldo necesario de las legislaturas estatales para seguir su curso, luego de que ese mismo día la aprobaran congresos como los de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo y Colima; además de Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que establece límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales. En términos concretos, las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán rebasar la de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, en línea con lo ya previsto por la Constitución.
Tras la declaratoria emitida en San Lázaro, la reforma fue remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Es decir, el proceso ya entró en una fase decisiva, donde el oficialismo buscará cerrar el paso legislativo de uno de los cambios que más debate ha generado en el terreno político e institucional.
El avance del plan B no solo representa una victoria parlamentaria para la mayoría; también vuelve a colocar en el centro de la discusión el modelo de funcionamiento de los órganos electorales, sus márgenes salariales y el discurso de austeridad que ha buscado instalar la 4T en el debate público.
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