En un movimiento contundente contra la especulación y el acaparamiento de recursos nacionales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este jueves la recuperación de 1,126 concesiones mineras. Esta acción, enmarcada en la política de reordenamiento territorial impulsada por la administración federal, representa el regreso al dominio público de casi 890 mil hectáreas que se encontraban improductivas o en manos de particulares que incumplían con sus obligaciones fiscales.
Durante la conferencia matutina, Ebrard Casaubón explicó que estas concesiones fueron revocadas principalmente por dos razones: falta de pago de derechos y inactividad prolongada. Muchas de estas licencias se mantenían «congeladas» con fines meramente especulativos, esperando revender los títulos al mejor postor sin realizar ninguna labor de exploración o extracción real. Esta práctica, señaló el funcionario, ha frenado el desarrollo legítimo del sector y privado al Estado de ingresos vitales.
La cifra de 1,200 concesiones recuperadas (dato redondeado por algunas fuentes) no es menor; equivale a una superficie considerable del territorio nacional que ahora podrá ser reevaluada para proyectos de utilidad pública o reasignada bajo esquemas más estrictos de cumplimiento. El titular de Economía enfatizó que el objetivo no es detener la minería, sino garantizar que quienes posean los derechos de explotación realmente trabajen la tierra y contribuyan al desarrollo económico de las comunidades aledañas, respetando las nuevas normativas ambientales.
Este «golpe de timón» envía un mensaje claro a la industria extractiva: se acabaron los tiempos de las concesiones ociosas. El gobierno federal ha intensificado la fiscalización sobre los títulos vigentes, advirtiendo que continuará con la revisión exhaustiva del padrón minero. La estrategia busca depurar el sector de actores que solo buscan el enriquecimiento a través de la especulación financiera, en lugar de la inversión productiva y la generación de empleos.
La recuperación de estas hectáreas abre la puerta a un debate sobre el futuro de la minería en México. Mientras el sector privado analiza el impacto de estas revocaciones, las autoridades aseguran que este reordenamiento permitirá planificar mejor el uso del suelo y proteger los recursos naturales estratégicos. La Secretaría de Economía se mantiene firme en su postura: la riqueza del subsuelo debe traducirse en bienestar para la nación, no en activos inactivos para unos cuantos.
Deja una respuesta