Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, con el objetivo de dar certidumbre al abasto en plena sequía histórica en la frontera. El entendimiento incluye un compromiso mexicano de garantizar una entrega mínima anual de agua a Estados Unidos, así como una ruta para atender el déficit acumulado en ciclos anteriores, sin dejar de priorizar el derecho al agua y a la alimentación de las comunidades en ambos lados de la frontera.
Lo que establece el nuevo plan técnico
De acuerdo con la Cancillería mexicana, el plan técnico define que México entregará un volumen mínimo anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo a Estados Unidos durante el nuevo ciclo quinquenal, cifra que coincide con el promedio mínimo establecido en el Tratado de 1944 (350,000 acres-pie por año). Además, el acuerdo traza una ruta para saldar el déficit hídrico heredado del ciclo 2020‑2025, afectado por la sequía, mediante un manejo más estricto de presas y afluentes y un calendario de entregas consensuado en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El plan fue negociado por equipos técnicos de ambos países durante meses, en un contexto de presiones políticas desde Estados Unidos, particularmente de legisladores de Texas que denunciaban pérdidas millonarias para agricultores y ganaderos por la falta de agua. El gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, habían insistido en que México debía cumplir “a cabalidad” el tratado y compensar un déficit de más de un millón de acres-pie al cierre del ciclo 2020‑2025, lo que elevó el tono del conflicto antes del entendimiento de febrero.
Prioridad: consumo humano y agricultura
El comunicado conjunto subraya que la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo tendrá como prioridades el consumo humano, la producción agrícola y el uso sostenible del recurso, en beneficio de las poblaciones de ambos países. México enfatizó que el acuerdo no viola el Tratado de 1944 ni la soberanía nacional, y que las entregas se harán “de acuerdo con las condiciones hidrológicas reales de la cuenca”, es decir, tomando en cuenta los años de sequía extrema que han reducido drásticamente los niveles en presas y afluentes mexicanos.
En términos operativos, la CILA reforzará el monitoreo en tiempo real de caudales, niveles de presas y consumos agrícolas, con reportes periódicos y esquemas de coordinación entre autoridades de recursos hídricos de ambos países. El objetivo es evitar que el déficit vuelva a crecer sin que se detecte a tiempo y reducir el riesgo de conflictos políticos recurrentes al cierre de cada ciclo quinquenal.
Reacciones en Estados Unidos y México
En Estados Unidos, funcionarios federales y representantes de Texas calificaron el acuerdo como una “victoria importante para agricultores y ganaderos”, al ofrecerles mayor certidumbre sobre los volúmenes de agua que recibirán en los próximos años. Desde México, organizaciones campesinas han pedido que la implementación del plan no sacrifique el riego en zonas ya afectadas por la sequía, y que se acompañe con programas de tecnificación, uso eficiente y apoyo a productores en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que el entendimiento fue producto de un “trabajo técnico y político sostenido” y no de una imposición unilateral, y destacó que el manejo del Río Bravo refleja los retos compartidos frente a la crisis del agua y al cambio climático. Tanto México como Estados Unidos se comprometieron a seguir fortaleciendo los mecanismos binacionales de gestión hídrica, con la idea de que el Tratado de 1944 siga siendo la columna vertebral de la cooperación en materia de aguas fronterizas.
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