La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ricardo Mendoza Cerón, identificado como despachador y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido en diciembre en Nizanda, Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de heridos. Se trata del segundo detenido por este caso, luego de la captura del presunto maquinista del convoy, Felipe de Jesús Díaz Gómez, también acusado por homicidio culposo y lesiones culposas.
De acuerdo con la investigación ministerial, Mendoza Cerón habría permitido la operación del tren con maquinistas sin licencia vigente, incumpliendo las normas de seguridad ferroviaria y los protocolos internos del proyecto Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Elementos de la Policía Federal Ministerial lo aprehendieron en el centro de Coatzacoalcos, Veracruz, y posteriormente fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, donde quedó a disposición del juez que giró la orden de captura.
La FGR sostiene que el accidente del Tren Interoceánico no fue resultado de una falla técnica, sino de error humano vinculado al exceso de velocidad y a la operación del convoy sin el cumplimiento estricto de las licencias y medidas de seguridad requeridas. La caja negra del tren registró que la unidad circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 50, y llegó a alcanzar 111 kilómetros por hora en tramos rectos, cuando lo permitido era de 70, lo que habría sido determinante para el descarrilamiento.
Con las detenciones del maquinista y del jefe de despachadores, la FGR avanza en la judicialización del caso y mantiene vigente al menos una orden de aprehensión más contra otro implicado en la operación del tren. Las acusaciones formales contemplan homicidio culposo y lesiones culposas, en un contexto donde la autoridad federal busca enviar un mensaje de cero impunidad frente a negligencias en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo del sureste del país.
Mientras tanto, familiares de las víctimas y personas lesionadas continúan exigiendo justicia y reparación integral del daño, así como garantías de que se reforzarán los controles de seguridad, supervisión de licencias y monitoreo de velocidad en el Tren Interoceánico. La evolución del caso será clave no solo para definir responsabilidades penales, sino también para recuperar la confianza en una obra que el gobierno ha presentado como motor de desarrollo, pero que hoy está marcada por una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años.
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