El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec se debió a que la locomotora circulaba a exceso de velocidad, concluyó la Fiscalía General de la República (FGR) tras analizar la caja negra de la unidad. De acuerdo con los peritajes, en el tramo donde se registró el accidente la velocidad máxima permitida era de 50 kilómetros por hora, pero el tren avanzaba a una velocidad superior, lo que provocó que se saliera de las vías en una curva y dejara un saldo de al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos.
La fiscal general Ernestina Godoy detalló que el convoy llegó a registrar hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos, pese a que el límite autorizado era de 70 kilómetros por hora, lo que evidencia una operación “claramente imprudente” por parte de la tripulación. Con base en estos resultados técnicos, la FGR determinó que la causa del siniestro no fue una falla estructural de la vía ni un acto de sabotaje, sino el incumplimiento de los parámetros de seguridad establecidos para la operación del Tren Interoceánico.
Ante estos elementos, la Fiscalía anunció que ejercerá acción penal contra los responsables de conducir la unidad por los delitos de homicidio culposo y lesiones, al considerar que el exceso de velocidad fue determinante en la magnitud de la tragedia. Entre los posibles imputados se encuentran el maquinista, personal operativo y quienes, desde la cadena de mando, omitieron supervisar el cumplimiento de los límites de velocidad y protocolos de seguridad. La FGR subrayó que se trata de un mensaje claro de cero impunidad frente a conductas negligentes en proyectos de infraestructura estratégica.
El siniestro volvió a colocar bajo la lupa al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos emblemáticos impulsados en el sexenio anterior como eje del Corredor Interoceánico. Desde su construcción, organizaciones civiles y especialistas advirtieron sobre riesgos en materia de supervisión técnica, mantenimiento y protocolos de operación, críticas que hoy se reavivan ante un evento que dejó víctimas mortales y cuestiona la seguridad de esta obra.
Mientras la FGR avanza en la judicialización del caso, familiares de las víctimas mantienen la exigencia de justicia, transparencia y reparación integral del daño, además de garantías de que un accidente así no se repetirá. En paralelo, se espera que las autoridades federales y la empresa operadora del Tren Interoceánico refuercen los controles de velocidad, capacitación del personal y monitoreo en tiempo real de los convoyes, para que una promesa de desarrollo para el sureste no vuelva a convertirse en escenario de tragedia.
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