El Refugio Franciscano es uno de los albergues de animales más antiguos de la Ciudad de México, fundado en 1977 en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en Cuajimalpa, y conocido durante décadas por su política de no sacrificio y esterilización masiva de perros y gatos en situación de calle. Tras más de 40 años de operación, el lugar quedó en el centro de una fuerte polémica después del desalojo de más de 900 animales realizado el 7 de enero de 2026, en un operativo coordinado por autoridades capitalinas y la Fundación Antonio Haghenbeck, con la cual el refugio mantiene un litigio por la propiedad del predio.
El gobierno de la Ciudad de México argumentó que la intervención se llevó a cabo tras peritajes oficiales que documentaron hacinamiento, maltrato y condiciones insalubres, por lo que se dispuso un operativo con más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, para trasladar a perros y gatos a distintos puntos de resguardo. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 936 animales fueron retirados y distribuidos en albergues temporales en el Ajusco, Xochimilco y Gustavo A. Madero, donde se reporta la muerte de 21 ejemplares, atribuida a su delicado estado de salud.
El Refugio Franciscano, en cambio, ha denunciado que el operativo fue un desalojo “violento e inhumano” disfrazado de rescate, y acusa a la Fundación Antonio Haghenbeck de actuar en contra de resoluciones federales que ordenaban restituir el predio y a los animales a su estado anterior. La organización sostiene que sus cuidadores cuentan con años de experiencia comprobable en rescate y rehabilitación, y advierte que el cierre del lugar deja en la incertidumbre a cientos de animales rescatados a lo largo de décadas.
Frente a la controversia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que presentará una iniciativa de ley para regular refugios y albergues de animales en la CDMX, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y evitar que casos como el del Refugio Franciscano se repitan. La propuesta incluye requisitos mínimos de infraestructura, protocolos sanitarios, capacitación obligatoria, manejo ético y programas de adopción con seguimiento, así como un registro único, obligatorio y actualizado de refugios, albergues y rescatistas por alcaldía.
El Congreso capitalino, a través de diputadas y diputados de Morena y PVEM, ha respaldado la iniciativa al señalar que “no se busca castigar, sino ordenar y profesionalizar” la labor de rescatistas y organizaciones animalistas. No obstante, desde la oposición, una legisladora del PAN ha criticado el manejo del caso Franciscano y ha pedido más capacitación y apoyo técnico, en lugar de incrementar la regulación, argumentando que muchos refugios trabajan con recursos propios y voluntariado y temen ser criminalizados.
Como parte del nuevo esquema, Brugada también anunció la construcción de la “Utopía Canina”, un gran albergue público para animales que se prevé estará listo en cuatro meses y tendrá capacidad para alrededor de 600 perros y gatos, integrado a una red de 100 Utopías con clínicas veterinarias gratuitas. El plan contempla jornadas masivas de adopción una vez que los animales rescatados concluyan su valoración médica, así como clínicas y un nuevo hospital veterinario para fortalecer la atención pública a los animales de compañía en la ciudad.
Mientras tanto, colectivos animalistas y voluntarios han salido a marchar bajo consignas como “No fue rescate, fue masacre”, exigiendo información transparente sobre el estado y paradero de los animales trasladados, así como respeto a los refugios independientes que operan desde hace décadas. El caso del Refugio Franciscano se ha convertido así en un punto de quiebre que acelera la discusión sobre cómo deben operar los albergues de animales en la CDMX, quién los supervisa y bajo qué estándares se garantiza realmente el bienestar animal.
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