En La Paz, Baja California Sur, el gobierno federal dio el banderazo de salida a las obras de la presa El Novillo, un proyecto hidráulico que forma parte de un sistema integral de agua para la capital del estado. La obra contempla una inversión de 2 mil 400 millones de pesos y está diseñada para beneficiar a alrededor de 250 mil habitantes, al asegurar el abasto de agua de mejor calidad para los hogares paceños. El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, calificó el plan como un proyecto “muy completo” por la infraestructura que incorpora en distintas etapas.
Morales detalló, en un enlace a la conferencia matutina del 22 de diciembre, que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros, tanques elevados y un esquema de sectorización de la red para mejorar la distribución del líquido en la ciudad. Este modelo permitirá llevar agua de forma más eficiente a los distintos sectores de La Paz y ordenar el suministro de acuerdo con las necesidades de cada zona. El funcionario subrayó que la combinación de infraestructura de almacenamiento, conducción y control hará posible un manejo más racional del recurso.
El sistema integral en La Paz incluye la presa El Novillo y una planta potabilizadora que tratará el agua proveniente de escurrimientos, con el objetivo de garantizar que el suministro a los hogares cumpla con estándares adecuados de calidad. Paralelamente, se trabaja con el municipio en un esquema de sectorización de la red para asegurar una distribución más equitativa y facilitar la detección y reparación oportuna de fugas. El gobernador Víctor Manuel Castro y la alcaldesa Milena Quiroga agradecieron públicamente el respaldo federal, al destacar que el proyecto atiende una demanda histórica de abasto en la región.
En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se destinará agua de otras cuencas para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 firmado con Estados Unidos. Explicó que se dialogó con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para diseñar un esquema que reduzca al mínimo la afectación a los agricultores del norte del país. De acuerdo con la mandataria, el acuerdo alcanzado permite atender el adeudo de agua con la Unión Americana sin comprometer de manera significativa las actividades agrícolas nacionales.
Sheinbaum señaló que Tamaulipas es la entidad más presionada por el uso del agua del río Bravo y recordó que existe desde hace años un proyecto para construir una línea de conducción que lleve agua tratada desde Nuevo León hacia ese estado, con fines de riego. Indicó que su gobierno pretende reactivar este plan en 2026 para dotar a Tamaulipas de una fuente más segura de agua para el campo, independientemente del comportamiento de las lluvias. Al ser cuestionada sobre el sustento legal de estas medidas, respondió que cuentan con fundamento normativo y remarcó que su administración “no hace nada ilegal”.
De manera paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, se implementarán “acciones extraordinarias”, entre ellas la entrega de volúmenes de agua del río San Juan. La dependencia precisó que dichas aportaciones se realizarán tomando en cuenta las limitaciones operativas de los sistemas hídricos y dando prioridad al uso agrícola en México.



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