El gobierno federal presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión durante la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada este 11 de diciembre en Palacio Nacional. El instrumento busca articular una estrategia homogénea en todo el país para enfrentar uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía, al sector productivo y al comercio, bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad y con el respaldo de las entidades federativas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó el acuerdo como “un paso decisivo” para combatir la extorsión con mayor rigor técnico y mejores herramientas institucionales. Explicó que la propuesta contempla la armonización legislativa en los estados, de modo que las definiciones del delito, las penas y los mecanismos procesales sean congruentes y eviten vacíos legales que hoy son aprovechados por grupos delictivos.
Entre los ejes del Acuerdo Nacional contra la Extorsión se encuentra la creación de áreas especializadas en las fiscalías estatales y, donde ya existan, su fortalecimiento operativo y técnico. García Harfuch detalló que el objetivo es contar con unidades con personal capacitado, protocolos únicos y capacidades de análisis que permitan identificar patrones, redes y estructuras de extorsión, tanto presenciales como telefónicas y digitales.
El secretario también anunció el reforzamiento de la línea 089, destinada a denuncias anónimas, para mejorar su operación, tiempos de respuesta y coordinación con autoridades locales y federales. Además, se elaborará un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución penal de este delito, a fin de garantizar que las víctimas reciban un trato homogéneo y profesional sin importar el estado en el que se encuentren.
Frente a gobernadoras, gobernadores, integrantes del Gabinete de Seguridad y la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch subrayó que la implementación del acuerdo dará mayor certidumbre a las víctimas y consolidará un enfoque nacional, con criterios uniformes y herramientas equivalentes para todas las entidades. Añadió que también se revisarán los avances alcanzados con acuerdos previos del Consejo, con el propósito de cerrar brechas y reforzar las capacidades institucionales contra la extorsión en todo el territorio.



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