La vivienda es un derecho básico, pero para millones de personas con discapacidad en México, este derecho sigue siendo limitado, inaccesible y lleno de barreras. Un análisis reciente del CONAVI y SIesco revela datos alarmantes sobre la falta de infraestructura adecuada, desigualdad en el acceso y rezagos estructurales que afectan directamente la calidad de vida de esta población.
Un país donde la accesibilidad aún es excepción y no regla
Según el reporte, solo una fracción mínima de las viviendas en México cuenta con las adaptaciones necesarias para personas con movilidad reducida, discapacidad visual, auditiva o intelectual. Rampas, pasamanos, baños amplios, señalización táctil o diseño universal siguen siendo poco comunes, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Esto genera desigualdad desde el hogar y limita la autonomía de las personas.
Una población numerosa y con necesidades urgentes
En México, más del 16% de la población presenta algún tipo de discapacidad o limitación funcional. Sin embargo, la oferta de vivienda accesible no crece al ritmo de esta necesidad. El estudio señala que muchas familias deben adaptar por su cuenta sus viviendas, con costos elevados y sin apoyo técnico suficiente.
La brecha económica: un obstáculo doble
Las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de pobreza, lo que dificulta acceder a créditos, subsidios o programas de vivienda. El análisis subraya que la mayoría vive en hogares con ingresos reducidos, por lo que mejorar su vivienda o adquirir una nueva resulta prácticamente imposible sin políticas públicas específicas y esquemas de financiamiento diferenciados.
Diseño universal: la solución que México sigue posponiendo
La evidencia es clara: implementar diseño universal desde la construcción —espacios amplios, accesibles y seguros— resulta más barato que adaptar viviendas después. Aun así, pocos desarrollos habitacionales lo integran. Expertos destacan que incluir accesibilidad desde el diseño no solo beneficia a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores, niños y familias enteras.
El papel del Estado y las instituciones de vivienda
El documento remarca que instituciones como CONAVI deben fortalecer sus lineamientos, incentivos y programas para garantizar que la vivienda accesible no sea un lujo, sino una obligación. También subraya la importancia de capacitar a desarrolladores, supervisores y gobiernos locales para asegurar que la accesibilidad se cumpla y no quede en el papel.
Accesibilidad no es un favor: es un derecho
El informe concluye con un mensaje contundente: garantizar vivienda accesible no es solo una cuestión técnica o económica, es un tema de derechos humanos. Asegurar hogares seguros, adaptados y dignos permitiría a millones de personas con discapacidad vivir con autonomía, seguridad y calidad de vida.
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