La tragedia en Hong Kong no deja de crecer. Las autoridades informaron que subió a 128 la cifra de personas muertas por el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, mientras que alrededor de 200 personas siguen desaparecidas, de acuerdo con los últimos reportes oficiales. El siniestro, ocurrido el miércoles en un conjunto de torres de más de 30 pisos, se ha convertido ya en uno de los peores desastres urbanos en la historia reciente de la región.
En paralelo, el gobierno de Hong Kong confirmó la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con irregularidades y corrupción relacionadas con la seguridad del complejo. Entre los arrestados hay directivos de la empresa administradora, contratistas y funcionarios locales, sospechosos de haber ignorado o maquillado fallas en sistemas contra incendios, salidas de emergencia y mantenimientos obligatorios. Las primeras líneas de investigación apuntan a que puertas cortafuego bloqueadas, sistemas de alarma defectuosos y rutas de evacuación obstruidas agravaron dramáticamente el saldo de víctimas.
Los equipos de rescate continúan trabajando en condiciones extremadamente difíciles entre los restos calcinados de las torres, donde aún se localizan cuerpos y se busca a decenas de residentes de los que no se tiene noticia desde la madrugada del siniestro. Perros de búsqueda, drones y maquinaria pesada se han desplegado para acelerar las labores, mientras familiares desesperados esperan noticias en centros de mando y hospitales cercanos. Las autoridades han instalado módulos de atención psicológica y de identificación de víctimas para asistir a los deudos.
Este viernes, el jefe del Ejecutivo local prometió una investigación “a fondo y sin impunidad” y anunció que se revisarán todos los permisos, inspecciones y certificaciones de seguridad del complejo Wang Fuk Court, así como de otros desarrollos residenciales similares. La posible combinación de negligencia, corrupción y sobrepoblación en viviendas públicas y privadas ha generado indignación social y llamados a una reforma profunda de los estándares de construcción y supervisión en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos vecinales han exigido transparencia total en el proceso, publicación de los nombres de los detenidos y garantías de reparación integral para las víctimas, incluyendo reubicación, apoyo económico y sanciones ejemplares. La magnitud del desastre ha reavivado el debate sobre la seguridad en rascacielos residenciales, el impacto de la especulación inmobiliaria y la responsabilidad del Estado en garantizar que ningún interés económico se anteponga a la vida de las personas.
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