La justicia peruana ha emitido una orden de captura internacional y cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, exprimera ministra, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. Esta decisión, dictada el viernes 21 de noviembre de 2025 por el juez supremo Juan Carlos Checkley, obedece a la presunta implicación de Chávez en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, orquestado por el expresidente Pedro Castillo. El acto judicial refuerza la postura de Perú en la búsqueda de responsabilidades, agudizando la controversia sobre el asilo diplomático y afectando las relaciones diplomáticas con México.
Los cargos contra la exfuncionaria se centran en su papel como coautora del delito de rebelión y/o conspiración, derivados de la intentona golpista de Castillo. La Fiscalía peruana sostiene su participación activa en los hechos que culminaron con la destitución y detención del entonces mandatario. Aunque Chávez había sido liberada por un fallo del Tribunal Constitucional que anuló una prolongación de prisión preventiva, su reciente búsqueda de asilo la ha vuelto a colocar en el centro de la atención judicial, reavivando el debate sobre su culpabilidad y el debido proceso. El juez Checkley fundamentó su resolución en el «peligro de fuga palpable» y el reiterado incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, como su ausencia en el control biométrico y en audiencias judiciales, además de su decisión de buscar refugio en la sede diplomática mexicana el 3 de noviembre.
Esta conducta fue interpretada como una falta de voluntad de colaborar con la justicia, comprometiendo el proceso penal. La orden de captura nacional e internacional, notificada a la Policía Nacional e Interpol, busca asegurar que Chávez responda ante los tribunales peruanos tras finalizar su protección diplomática. La situación ha generado profunda tensión entre Perú y México. El gobierno peruano considera el asilo otorgado una «interferencia» en sus asuntos internos y una aplicación «indebida» de la Convención de Caracas, argumentando que Chávez está acusada de delitos comunes. En consecuencia, Perú rompió relaciones diplomáticas con México y el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Estas acciones reflejan una fisura diplomática significativa y complican cualquier posibilidad de un salvoconducto.
El primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, ha descartado categóricamente irrumpir en la embajada de México, reiterando el respeto de Perú por el derecho internacional. Sin embargo, la orden de captura internacional significa que si Chávez intentara salir de la sede diplomática sin salvoconducto, o si viajara a un tercer país tras su asilo y abandono de Perú, podría ser detenida por Interpol. Este escenario complejiza el entramado legal y diplomático, que actualmente carece de una solución negociada.
La persistencia de las autoridades peruanas en procesar a quienes consideran responsables de la desestabilización institucional, ejemplificado en el caso de Betssy Chávez, envía un mensaje contundente sobre la defensa de su sistema judicial. La comunidad internacional observa cómo se resuelve este pulso entre la soberanía judicial y el derecho de asilo diplomático, un principio fundamental en las relaciones internacionales. El futuro de Chávez y las relaciones bilaterales entre Perú y México dependerán de los próximos movimientos, en un caso que ya ha establecido un precedente relevante en la región.
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