Donald Trump ha desatado una considerable polémica al sugerir la aplicación de la pena de muerte para legisladores demócratas, a quienes acusa de “traición” y “sedición al más alto nivel” por instar a miembros de las fuerzas armadas a desobedecer lo que ellos consideran “órdenes ilegales”. Este explosivo pronunciamiento se produjo el jueves 20 de noviembre de 2025, a través de su plataforma Truth Social, exacerbando el clima de tensión política y polarización que caracteriza actualmente a los Estados Unidos. La declaración ha generado una oleada de críticas inmediatas, con el Partido Demócrata calificando el mensaje de “canallada” y subrayando la gravedad de tales afirmaciones en un contexto nacional ya de por sí volátil.
La controversia surge a raíz de un video publicado por seis legisladores demócratas –incluyendo a las senadoras Elissa Slotkin y Mark Kelly, y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan–, todos ellos con experiencia militar o en servicios de inteligencia. En dicho video, dirigido a miembros del ejército y de la inteligencia, los demócratas argumentaban que los efectivos juraron defender la Constitución y les pedían negarse a acatar “órdenes ilegales”. Las palabras exactas de los legisladores, “En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa. Pueden negarse a acatar órdenes ilegales”, fueron el detonante de la airada reacción del expresidente.
Trump, en una serie de publicaciones en su red social, arremetió contra la iniciativa demócrata, señalando que representaba un “comportamiento sedicioso de traidores” y planteó si debían ser “encerrados”. Posteriormente, elevó el tono de sus acusaciones al añadir explícitamente: “¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!”. Esta drástica sugerencia de la pena de muerte no solo apunta a los legisladores, sino que también criminaliza sus llamados a la adherencia constitucional, considerándolos actos de deslealtad a la nación. La Casa Blanca, a través de Stephen Miller, subjefe de gabinete, ya había criticado el video el miércoles, calificándolo de “un llamamiento abierto al personal militar a rebelarse contra su comandante en jefe”.
Las declaraciones de Donald Trump no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en un patrón de retórica confrontacional que a menudo polariza el debate político en Estados Unidos. La acusación de sedición, un delito grave contra el Estado, y la propuesta de la máxima pena para los oponentes políticos, representa una escalada significativa en la guerra dialéctica entre facciones. La implicación de que ciertos legisladores, por ejercer su derecho a la crítica y a la orientación de las fuerzas armadas en función de su interpretación constitucional, deberían enfrentar la pena capital, ha sido condenada como antidemocrática y peligrosa para la estabilidad institucional del país.
La gravedad de la situación radica en el intento de silenciar la disidencia política mediante amenazas extremas, lo que podría tener consecuencias nefastas para el tejido democrático estadounidense. La tensión política se agrava al mezclar el debate legislativo con la disciplina militar, colocando a los miembros de las fuerzas armadas en una posición delicada. La insistencia de Trump en aplicar castigos severos, incluso la pena capital, a quienes considera traidores por desafiar su autoridad o sus decisiones, subraya una visión autoritaria del poder que choca frontalmente con los principios de una democracia liberal.
Este episodio no solo destaca la profunda división existente en la política estadounidense, sino que también pone de manifiesto la preocupante tendencia a la deslegitimación de las instituciones y los actores políticos. El llamado de Trump a la pena de muerte contra sus adversarios demócratas que buscaron defender la Constitución, a su entender, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos y la polarización extrema que podría llevar a escenarios de confrontación sin precedentes. La respuesta a esta retórica definirá la capacidad del país para navegar sus diferencias sin socavar los cimientos de su sistema legal y político.
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