El Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que se homologa el tipo penal en todo México, se endurecen las penas para delincuentes y funcionarios, y se fortalece la protección a las víctimas de este delito. La iniciativa recibió 110 votos a favor y ninguno en contra, y ahora será turnada a la Cámara de Diputados para la revisión final de los cambios agregados en el Senado.
El nuevo marco legal establece penas de prisión de entre 15 y 25 años para quienes cometan extorsión, cifra que puede elevarse hasta 42 años en casos agravados, como cuando el delito lo perpetra un interno de prisión, se usa la violencia, participan miembros de la delincuencia organizada, o se trata de extorsión digital o por vías electrónicas. Además, la ley impone sanciones severas —de 6 a 12 años— para reos y personal carcelario que permitan o utilicen celulares y dispositivos electrónicos dentro de los penales.
El dictamen contempla también penas de 10 a 20 años de prisión para funcionarios del Ministerio Público, policías o empleados de cárceles que no denuncien hechos de extorsión. Se destaca la creación de un tipo penal uniforme, que permitirá combatir la impunidad y disparidad que existía en el castigo de este delito entre las diversas entidades del país, y el compromiso de establecer una estrategia nacional articulada de prevención y atención a víctimas con perspectiva de género.
En la discusión parlamentaria, senadores de todas las bancadas reconocieron la urgencia de cerrar las brechas legales y tecnológicas que han permitido a extorsionadores operar desde el anonimato y, en muchos casos, desde reclusorios. El articulado obliga a que en seis meses todos los centros penitenciarios implementen mecanismos para inhibir llamadas y transmisiones electrónicas, buscando así frenar el uso de tecnología para la extorsión[*].
Si bien la oposición votó a favor de la ley por su relevancia, algunos legisladores advirtieron que aún falta definir un presupuesto concreto para que las entidades federativas puedan implementar todas las medidas que la norma prevé. No obstante, la aprobación de este marco representa un paso significativo en la estrategia de seguridad y justicia del país.
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