El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ley histórica que ordena la divulgación de todos los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, el financista y pederasta condenado cuya red de abuso sexual involucra a personajes del poder político, empresarial y mediático global. La normativa, impulsada tanto por demócratas como por republicanos, busca arrojar luz sobre una de las tramas más polémicas y opacas de la justicia estadounidense en el siglo XXI y responde a años de exigencia pública para que se conozca el alcance y la protección con la que operó Epstein y sus allegados.
La ley, que recibió respaldo bipartidista tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, ordena la apertura total de expedientes, nombres de implicados, grabaciones, registros migratorios, correos electrónicos y testimonios obtenidos desde los años noventa hasta la muerte de Epstein en 2019. El texto prevé la desclasificación no solo de documentos judiciales, sino también de reportes del FBI, de agencias estatales y de vínculos internacionales, salvo información que ponga en riesgo investigaciones activas, la protección de víctimas o seguridad nacional. La medida reconoce que gran parte de los archivos se han mantenido bajo secreto o con amplias censuras, a menudo alimentando especulaciones y teorías de conspiración.
El siguiente paso será la firma del presidente Donald Trump, quien en días recientes negó cualquier implicación personal en los documentos y reiteró su postura de “apoyo total” a la transparencia “siempre y cuando no se perjudique el debido proceso”. La Casa Blanca tiene ahora un plazo de hasta 30 días para promulgar la ley o emitir observaciones, en medio de un clima de presión mediática y jurídica dado el próximo aniversario de la muerte de Epstein y el interés global sobre personajes que figuran en los registros.
Figuras clave de ambos partidos han justificado la ley como una respuesta a la demanda ética de la sociedad estadounidense y al derecho de las víctimas de conocer la verdad completa, identificar a responsables y evitar nuevos encubrimientos. Se espera que la publicación de los archivos provoque repercusiones en la política estadounidense, el sistema judicial y posiblemente, en relaciones diplomáticas con naciones cuyos ciudadanos aparecen en la red de Epstein.
Distintas organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y prensa internacional celebraron el avance, pero advierten que la divulgación solo será útil si se acompaña de investigaciones activas, protección a sobrevivientes y sanciones ejemplares en casos de encubrimiento o abuso de poder. Expertos en Derecho anticipan que el acceso público a los archivos podría llevar a nuevas demandas civiles y penales, así como a una revisión de protocolos y leyes para combatir la explotación y el tráfico sexual en Estados Unidos y el extranjero.
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