El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas clave al Código Penal local que endurecen las sanciones contra delitos de alto impacto, como el despojo de inmuebles, la asociación delictuosa y las amenazas de bomba. Con la votación mayoritaria de todas las fuerzas políticas, las modificaciones representan una respuesta directa al aumento de denuncias ciudadanas y la urgencia de fortalecer la seguridad jurídica y el combate a la impunidad en la capital.
Uno de los principales cambios es el incremento en las penas por el delito de despojo, el cual ahora podrá sancionarse con hasta 22 años de prisión si se comprueba que existe violencia, uso de armas, participación de servidores públicos o daño significativo a la víctima. Estas medidas buscan frenar las prácticas de invasión y desalojo forzado, protegidas durante años por vacíos legales y corrupción, así como dar mayor protección al patrimonio de particulares y pequeños propietarios. De acuerdo con la Procuraduría capitalina, el despojo es uno de los delitos patrimoniales que más preocupación y litigio genera en la actualidad.
Además, el Congreso local tipificó como delito autónomo las amenazas de bomba, fenómeno que en los últimos años ha ocasionado evacuaciones masivas, caos en planteles educativos, centros comerciales y oficinas públicas. La reforma establece penas de hasta siete años de cárcel y multas severas para quienes, con dolo, emitan o difundan falsas advertencias de artefactos explosivos y generen afectaciones a la seguridad y tranquilidad ciudadana. Las autoridades argumentan que esta medida disuade actos irresponsables y previene la saturación de cuerpos de emergencia.
Otro aspecto destacado es el aumento de sanciones a la asociación delictuosa, con castigos que alcanzan los 15 años de prisión en casos de organizaciones criminales que demuestren planeación, reparto de roles y reincidencia en la comisión de ilícitos, desde fraude y extorsión hasta lesiones o robo agravado. El endurecimiento penal busca atacar lo que el legislativo describe como “delincuencia estructurada” y cerrar brechas que han permitido la proliferación de bandas y mafias en sectores económicos y sociales vulnerables.
La iniciativa, impulsada tanto por legisladores oficialistas como de oposición, fue respaldada por diversos colectivos ciudadanos y cámaras empresariales ante el impacto que estos delitos tienen en la vida cotidiana y en la confianza de inversión. Paralelamente, se aprobaron reformas para tipificar y castigar con mayor severidad las lesiones motivadas por razones de género contra mujeres y personas de comunidades LGBTTTIQ+, respondido a la exigencia social de erradicar la violencia de odio y garantizar la igualdad de derechos.
Con estas reformas, la capital busca mandar un mensaje de tolerancia cero ante la delincuencia y avanzar en la actualización de su marco normativo para proteger a la ciudadanía y promover justicia efectiva, dejando claro que la seguridad se fortalecerá desde el endurecimiento legal y la coordinación interinstitucional.
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