El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos llegó finalmente a su fin este miércoles, tras la firma del acuerdo presupuestal por parte del presidente Donald Trump y la aprobación definitiva del Congreso. Tras 60 días de parálisis federal, la reapertura de agencias y servicios públicos pone término al periodo de mayor tensión e incertidumbre política para el país desde el cierre de 2018-2019, reactivando pagos salariales, operaciones administrativas y proyectos críticos en sectores como seguridad nacional, control migratorio, salud y educación.
El acuerdo se concretó luego de intensas jornadas de negociaciones, presiones sociales y empresariales, y una ruptura inédita en las filas demócratas, cuyos senadores moderados dieron su apoyo a las condiciones impuestas desde la Casa Blanca y el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. La nueva ley de gastos, aprobada de forma bipartidista, autoriza fondos suficientes para sostener las operaciones gubernamentales hasta septiembre de 2026 y contiene recursos específicos para reforzar la seguridad fronteriza y los controles en programas sociales clave, aunque conserva restricciones en iniciativas impulsadas por la oposición.
Más de 800 mil empleados federales celebraron la noticia tras semanas de trabajo sin sueldo o licencia forzada, mientras escuelas públicas, parques nacionales, tribunales federales, aeropuertos y oficinas consulares inician el regreso a la normalidad. Organismos como la SNAP (asistencia alimentaria), Medicare y programas de vivienda podrán mantener sus servicios, lo que ofrece un respiro a familias vulnerables afectadas por la interrupción administrativa más extensa en décadas.
El presidente Trump destacó en conferencia de prensa que el desenlace es una muestra de “liderazgo y defensa inquebrantable de los intereses nacionales”, atribuyendo la reapertura a la presión ejercida sobre el Congreso y al cumplimiento de su agenda en materia de seguridad. No obstante, analistas estadounidenses y medios internacionales advirtieron que el costo político y la erosión de la confianza ciudadana en ambas cámaras fueron considerables, con encuestas que reflejan un descenso en la aprobación del Congreso y del mandatario tras casi dos meses de parálisis.
El acuerdo, aunque celebrado por mayoría, deja pendientes temas estructurales como la reforma migratoria, la sustentabilidad de la deuda, ajustes en inversiones sanitarias y el modelo de negociación bipartidista, que ya es objeto de severas críticas por parte de sectores progresistas y grupos empresariales. Varios especialistas subrayan que el mayor reto será reconstruir la confianza y blindar a la administración pública contra nuevos choques políticos y fiscales en vísperas del ciclo electoral de 2026.
En las calles y redes sociales, la reapertura del gobierno fue recibida con alivio pero también con frustración por las pérdidas financieras y el desgaste social. El llamado al liderazgo político responsable, la búsqueda de acuerdos duraderos y la prevención de futuras crisis de gobernabilidad quedan, una vez más, en el centro del debate sobre el rumbo de la principal potencia global.
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