La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una enérgica petición a Estados Unidos para que esclarezca y transparente sus acciones militares tras los recientes ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. La preocupación creció luego de que varios reportes confirmaran la muerte de al menos 76 personas durante operativos antidrogas estadounidenses que incluyeron el hundimiento de embarcaciones sospechosas de traficar drogas, así como la difusión de videos mostrando el uso de bombas guiadas, drones y disparos a quemarropa sobre ocupantes de las lanchas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU alertó sobre indicios de ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones al derecho internacional humanitario, advirtiendo que los ataques no solo eliminaron las embarcaciones, sino que también existieron reportes de que no se brindó la oportunidad de rendición ni auxilio a los tripulantes sobrevivientes. Especialistas en derechos humanos y juristas internacionales han señalado que este tipo de intervenciones militares deben regirse estrictamente por protocolos de legalidad, proporcionalidad y respeto a las garantías básicas, incluso al tratarse de acciones en altamar contra presuntos delitos graves.
La administración estadounidense ha defendido la estrategia, justificando que los ataques se enmarcaron en operaciones de interdicción autorizadas por la Guardia Costera y el Comando Sur, con el argumento de evitar el ingreso de cargamentos masivos de cocaína y fentanilo hacia su territorio. Funcionarios de Washington sostienen que las operaciones priorizaron objetivos estratégicos y actuaron en aguas internacionales, pero admiten que la escalada de violencia puede alimentar tensiones diplomáticas en la región. El Pentágono y la Casa Blanca aseguran haber abierto revisiones internas y prometen cooperar con cualquier investigación multinacional.
La comunidad internacional observa con inquietud el endurecimiento de la lucha antidrogas de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, donde, de acuerdo con el recuento de agencias internacionales, al menos seis narcolanchas han sido destruidas en las últimas semanas. Autoridades locales de países como Colombia, Ecuador y República Dominicana han solicitado mayor coordinación operativa y transparencia en los reportes técnicos, así como información sobre el destino de los tripulantes sobrevivientes o detenidos.
La ONU insistió en que los gobiernos involucrados en la lucha contra el narcotráfico deben privilegiar la cooperación judicial, el respeto a la soberanía y la aplicación de garantías legales mínimas. La preocupación por una “zona gris” de impunidad y el temor a un precedente de acciones unilaterales sin control judicial recorre los foros regionales. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han reclamado información clara sobre protocolos de actuación y la rendición de cuentas respecto a posibles excesos.
Mientras EE.UU. sostiene que sus acciones buscan proteger vidas y frenar la violencia y el flujo de drogas, la presión internacional aumenta para que se esclarezcan cada uno de los hechos y se impida que la guerra antidrogas derive en nuevas violaciones masivas al derecho internacional. La respuesta de Washington y la comisión de investigaciones independientes serán clave en los próximos días para definir los límites legales y éticos de las operaciones contra el crimen organizado en el mar.
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